Un argumentario del PP denuncia que la Junta de Andalucía "lleva, al menos ocho años, con un sistema de EREs ilegal

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular sostiene, en un argumentario interno que ha enviado a sus cargos, que la Junta de Andalucía "lleva, al menos ocho años, con un sistema de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) al margen de la legalidad", al tiempo que acusa al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de haber ordenado "la transferencia de fondos para pagar los EREs fraudulentos".

"Griñán tiene responsabilidad directa en el caso de los EREs", asegura el PP, que recuerda además que el presidente andaluz recibió los informes de la intervención de Hacienda de 2005, 2006 y 2007, que cuestionaban el procedimiento de transferencias de las subvenciones a empresas en crisis.

En el citado argumentario, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido de Mariano Rajoy insiste en que la Junta lleva "al menos ocho años" con un sistema "al margen de la legalidad" porque, según señala, el convenio de "dudosa legalidad con el IFA terminó en el año 2003 y, desde entonces, se ha funcionado transfiriendo fondos sin amparo legal".

EL PSOE "NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA"

Los 'populares' critican duramente que el presidente andaluz se haya negado a nombrar una comisión de investigación en el Parlamento, "a pesar de gobernar con mayoría absoluta". Es más, califican de "falso" que el Ejecutivo andaluz "haya colaborado con la Justicia", puesto que "ha negado nueve meses a un juez de lo social la lista de los prejubilados".

Como prueba de esa falta de colaboración, el PP cita también el hecho de que Griñán haya mantenido "al delegado de Empleo durante cinco meses estando imputado", al tiempo que recuerda que el Gobierno de la Junta "no se ha personado en dos años en los procesos".

Finalmente, el PP denuncia que la Fiscalía Anticorrupción siga "sin dar señales de vida sobre este caso" cuando hay numerosos hechos objetivos "ya probados", ya que, según destaca, ha habido "comisionistas, han intervenido personas ajenas a la administración, no ha habido concursos públicos para contratar las aseguradoras, no se ha hecho pública la posibilidad de acogerse a los fondos a todas las empresas, y no se han hecho públicas las concesiones de ayudas. Es más, habla de "intrusos reconocidos por el Gobierno andaluz y prejubilaciones ilegales".