GRANADA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juicio previsto para hoy contra el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí Francisco Javier de Urquía; y otro procesado Arnaud Fabrice Albouhair, por una causa desglosada de la trama urbanística destapada a través de la operación 'Malaya', ha arrancado con la llegada de los acusados y la lectura de los escritos de defensa y acusación.
El primero de los acusados en hacer acto de presencia fue Juan Antonio Roca, que en torno a las 08.45 horas se apeaba de un furgón policial que le había trasladado desde la prisión de Albolote (Granada), donde el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella permanece preso en el marco de la investigación de la citada trama.
En torno a las 09.00 horas, De Urquía y el francés Arnaud Fabrice Albouhair llegaban a pie a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, acompañados de sus respectivos abogados, que afrontan una acusación por delitos de prevaricación y cohecho sobre sus clientes. Pasadas las 11.00 horas, y con 37 periodistas y 10 profesionales de la información gráfica acreditados para la sesión, arrancaba el juicio con la juez Inmaculada Montalbán presidiendo el tribunal, que inicialmente escuchó los correspondientes escritos de acusación y defensa y luego las respectivas alegaciones.
Este caso se inició en julio del pasado año, tras remitir el entonces instructor del caso contra la corrupción marbellí, Miguel Ángel Torres, un informe policial y otro del fiscal, en los que se apuntaban presuntos pagos de Roca a De Urquía al parecer relacionados con la actuación profesional del juez y asesoramiento de éste para subsanar defectos procesales de una querella, así como para la adquisición de una vivienda.
Las sesiones de la vista oral se prolongarán durante los días 22 y 23 de julio y se ha acordado citar como testigos a jueces, fiscales, funcionarios judiciales y de la Agencia Tributaria, así como a policías, al procesado en 'Malaya' Salvador Gardoqui y al padre del juez, también magistrado, entre otros.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicitó la pena de tres años de cárcel y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado para De Urquía, suspendido de forma provisional, por la posible comisión de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y cohecho, por los que pide también una multa de 213.000 euros.
Asimismo, Roca y el otro procesado, amigo personal de éste, se enfrentan a la misma pena de prisión, nueve de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 177.000 euros al estar acusados por el Ministerio Público de los delitos, como cooperadores necesarios, de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho, según el escrito de calificación provisional del fiscal. Las tres defensas pidieron la libre absolución.
ACUSACIÓN.
Según el relato del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, Roca, conocedor de que su amigo, el también acusado Arnaud Fabrice Albouhair, sostenía una "íntima relación de amistad con el juez encargado del asunto le pidió que utilizara su influencia para que pudiera beneficiar sus intereses".
Así, ha podido establecerse a lo largo de la instrucción sumarial que Arnaud mantuvo una conversación telefónica con Roca en la que le decía que había hablado "con su amigo", informándole éste de las distintas vicisitudes de una causa que De Urquía había incoado para la persecución de un delito diferente al que había sido denunciado inicialmente por Roca y por el que se ordenó la suspensión de redifusión de un programa alusivo a actividades desarrolladas por el entonces asesor de Urbanismo de Marbella.
Aunque inicialmente De Urquía incoó el 15 de marzo de 2006 las diligencias previas, posteriormente el acusado dictó un nuevo auto en el que se decretaba la nulidad del anterior y archivo de la causa y el programa volvió a emitirse con normalidad. El juez le indicó la forma de subsanar los defectos apreciados y como quiera que Roca tuvo algunas dificultades para entender a Arnaud, intervino en la conversación el propio juez quien se encontraba junto a éste y era "plenamente consciente de que se dirigía al denunciante".
De Urquía recibió una copia de la querella y dictó "con incumplimiento de las normas de reparto de asuntos penales (...) y con el ánimo de favorecer los intereses de Roca" un auto dictando la incoación de diligencias previas con el número que ya lo habían hecho antes. Cuando se produjo la detención de Roca por la operación 'Malaya' se decretó el inmediato archivo de la causa sin practicar diligencia o comprobación alguna.
Asimismo, según consta en la resolución fiscal, en los primeros meses de 2006, De Urquía decidió adquirir una vivienda unifamiliar en la urbanización Azalea Beach de Marbella "con la probable intención de ahorrarse el pago de la comisión de la Agencia Inmobiliaria". Así, puso en conocimiento de Arnaud su intención de adquirir el inmueble y ambos decidieron dirigirse a Roca para que les ayudara, "accediendo éste al ser consciente de la importancia que podía tener para su futuro contar con la ayuda de quien ejercía funciones como juez de Instrucción en la misma localidad y quien era, de forma notoria, un íntimo amigo suyo".
De común acuerdo establecieron los tres acusados que, como parte de "la ayuda prestada, realizara --Roca-- las gestiones necesarias para formalizar la venta". Siendo "plenamente consciente" Roca de quién era la persona que quería hacerse con el inmueble y ocultando su verdadera identidad, se hizo pasar por abogado del comprador y llevó a cabo las gestiones para cerrar el 'precio real' que era de 360.000 euros.
En el curso de la investigación judicial ha quedado acreditado, según el fiscal, que Roca se comprometió a realizar el abono en metálico por importe de 73.800 euros a los vendedores. Así, el 17 de marzo de 2006, el acusado Arnaud Fabrice fue a Maras Asesores y Roca le hizo entrega del contrato de compraventa y el dinero. El juez "aceptó el dinero al día siguiente de acceder a las pretensiones que Roca había realizado en su propio Juzgado como querellante y en el curso de las diligencias mencionadas anteriormente que se encontraban en tramitación". De Urquía firmó el contrato y entregó el dinero que acababa de recibir.
