La Asociación de Fiscales cree que el Estatuto supone "una enorme decepción" por la escasa participación de la carrera

La Asociación de Fiscales valoró hoy "negativamente" el proyecto de Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que supone "una enorme decepción" para la carrera fiscal por su "déficit" de participación entre sus miembros. A su juicio, el proyecto parte de "una gran desconfianza hacia el Ministerio Fiscal" y supone "la pérdida de una oportunidad histórica para profundizar en su autonomía funcional".

Por ello, la asociación ha planteado una serie de propuestas "constructivas", remitidas ya a los grupos parlamentarios, encaminadas a reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, entre las que destaca que el mandato del fiscal general del Estado sea de cinco años para evitar toda "sospecha de influencia política en su actuación".

El presidente de esta asociación, Guillermo García-Panasco, subrayó que esta medida, que ya fue planteada por el Consejo Fiscal al Ministerio de Justicia, pretende evitar que el fiscal general del Estado esté "permanentemente sometido a descalificaciones acerca de su imparcialidad" y que sus decisiones "estén condicionadas por el Gobierno que le nombre y que le puede cesar".

En opinión de la asociación, la previsión que incluye el proyecto de ley del Estatuto sobre esta cuestión hará que la figura del fiscal general esté "demasiado vinculado al Poder Ejecutivo de turno" que le designe, por lo que el plazo de cinco años propuesto contribuiría a que "la imparcialidad fuese real y se eliminase cualquier sospecha de influencia política en sus decisiones".

La asociación también plantea la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal para que su independencia funcional no sea "una mera declaraciones de buenas intenciones", tal y como expuso su presidente. Se trata así de reconocer el carácter de órgano constitucional del Ministerio Fiscal, su personalidad jurídica propia y su capacidad de gestión presupuestaria.

REGULACIÓN DEL CONSEJO FISCAL.

Otra de las propuestas se refiere a la necesidad de reforzar el funcionamiento del Consejo Fiscal y de la Junta de Fiscales de Sala para que sirvan como contrapeso al fiscal general del Estado. Para ello, la asociación plantea una "detallada y diferenciada" regulación de funciones.

Sobre esta cuestión, García-Panasco aseguró que el fiscal general del Estado constituye "el único cargo que no está sometido a un control interno", por lo que indicó que precisamente el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala son "instrumentos idóneos para servir de contrapeso". "Creemos que el Ministerio Fiscal no puede ser gobernado a espaldas de la carrera fiscal", recalcó.

De este modo, la asociación propone que se reconozca al Consejo Fiscal su real carácter representativo; que no se impida a ningún compañero poder ser miembro de este órgano, y que se reconozca al Consejo su papel relevante en materia de nombramiento.

En este punto, García-Panasco calificó de "sectaria" la política de nombramientos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y criticó que sus criterios para las designaciones sean contrarios a "los básicos en el funcionamiento de cualquier administración pública como son méritos y capacidades".

ADAPTACIÓN AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS.

Por otro lado, la Asociación de Fiscales destacó la necesidad de adaptar el Ministerio fiscal al Estado de las autonomías, aunque subrayó que ello "no puede suponer la pérdida del carácter de órgano constitucional único y estatal" de esta institución para garantizar la aplicación igualitaria de las normas en todo el territorio del Estado.

También cree necesario simplificar la estructura organizativa de la carrera para hacerla "más flexible" y evitar situaciones como de "doble dependencia", en alusión a la figura de los Fiscales de Sala Delegados. Esta propuesta, según García-Panasco, pretende establecer criterios "claros" a la hora de creación de plazas y para la organización interna.

Otra de las medidas apuntan al régimen disciplinario de la carrera fiscal, del que la asociación se opone "al aumento del catálogo de infracciones disciplinarias" porque demuestra "la obsesión ministerial por evitar cualquier tipo de discrepancias de los fiscales".

Igualmente, la asociación considera necesaria "una regulación más completa del secreto de las diligencias informativas" de la Fiscalía y la supresión del plazo de 6 meses. A su juicio, este instrumento actualmente "es tan inseguro como insuficiente".