La Asociación de Víctimas de Delitos Violentos pide que sus indemizaciones se equiparen a las de terrorismo

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas de Delitos solicitó hoy a las autoridades legislativas y judiciales cambios en la ley para equiparar las indemnizaciones que reciben a las de los familiares de víctimas del terrorismo puesto que, denuncian, "no tiene sentido" que el Estado conceda más atención a unos que a otros en función de quien es el asesino.

El presidente del colectivo, José Miguel Ayllón, afirmó a Europa Press que la Administración tiene la obligación de ayudar igual a unos familiares que a otros "independientemente de que el asesino sea terrorista o delincuente común". A su juicio, esta política "no tiene sentido" porque "el daño que causa la muerte de un ser querido es el mismo en ambos casos".

Por ello, la asociación remitió esta mañana cartas tanto al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, como al presidente del Congreso, Manuel Marín. El pasado 21 el colectivo registró también en el Ministerio de Administraciones Públicas una misiva dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero.

En ellas, solicitan a los partidos políticos pongan fin a la "discriminación" en el pago de indemnizaciones que crea la Ley 35/95 de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual en relación a los derechos con los que cuentan los familiares de las víctimas del terrorismo.

TEMOR A CIFRAS INASUMIBLES

Consideran que las autoridades legislativas "temieron" en el momento de elaborar la Ley que las ayudas fueran "inasumibles" por el Estado ante el elevado número de delitos este tipo que se suceden en nuestro país. Achacan a este motivo el que la norma se ubicara en el ámbito de la solidaridad y no de la responsabilidad, obligando a los peticionarios a "cumplir a rajatabla los requisitos y limitaciones de la Ley para obtener las exiguas ayudas".

"Por si fuera poco, --agregan-- tales ayudas no tienen efecto retroactivo, están bajo un corto plazo de caducidad y no alcanzan supuestos necesitados de reparación como lo es la atención psicológica de las víctimas y sus familiares (salvo en las agresiones sexuales), entre otras muchas deficiencias".

Ayllón considera preciso reformar la norma para conseguir que ésta "cumpla" con su objetivo reparador de las víctimas en concordancia con los principios recogidos en el Convenio Europeo 116 sobre la Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos (Estrasburgo, 24 de noviembre de 1983).

La asociación urge así a acabar con el "lamentable estado de desamparo" en el que la ley deja a estas víctimas e incluir de forma "inmediata" ayuda psicológica, así como elevar la cuantía de las indemnizaciones, otorgar ayudas económicas en casos urgentes y reducir el tiempo de tramitación de éstas.

SÓLO 1.550 AYUDAS EN 11 AÑOS

No obstante, la asociación señala en la misiva que el principal motivo de la queja está en que "aun siendo tan cicatera la Ley", tampoco ha cumplido "mínimamente las expectativas". Asegura que en los once años de la norma en vigor se han otorgado 1.550 ayudas, de las 4.898 solicitudes de familiares presentadas a fecha de abril de 2007, lo que representa unos 24 millones de euros en total.

Denuncian que dicha prestación no cubre "ni la cuarta parte de los homicidios que tienen lugar en un solo año", teniendo en cuenta que dicha cifra oscila en torno a los 1.800 asesinatos en todo el territorio nacional y a tal número correspondería una dotación de 30 millones de euros.