SEGOVIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, estimó hoy "alegal" la decisión de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado sobre la impugnación de las listas presentadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV) a las próximas elecciones municipales.
Astarloa, quien participó esta tarde en un acto político en la capital segoviana junto a la candidata del PP a la alcaldía de Segovia, Beatriz Escudero, y al candidato popular a las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, mantuvo un encuentro con representantes de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local.
Sobre la decisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de impugnar 122 de las 256 candidaturas presentadas por ANV a las elecciones municipales en el País Vasco, señaló que "significa que ETA se presenta a las elecciones porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero así lo quiere".
Añadió que estas impugnaciones "están fuera de la previsión de la Ley de Partidos, y bordean lo alegal, porque la ley únicamente prevé impugnaciones en candidaturas de agrupaciones de electores, y no hace posible trocear un partido que en unos sitios presenta candidaturas legales y en otro no".
Al respecto, Astarloa manifestó que "no puede ser que un trocito de ANV sea legal y otro no lo sea; y lo que es cierto es que con esta decisión, ETA y Batasuna vuelven a las instituciones amparadas por un Gobierno que responde al chantaje de los terroristas".
Sobre la política del Gobierno del Estado en materia de seguridad ciudadana, Astarloa acusó al PSOE de tomar medidas "acomplejadas" en un tema que necesita "la firmeza suficiente para no dejar ni un solo resquicio de impunidad".
Recordó pues que la memoria de la Fiscalía General del Estado refleja un aumento de más de un 14 por ciento en el número de delitos en España, al tiempo que dijo que el Ministerio del Interior hace "un inmenso esfuerzo" para ocultar esta realidad.
En este sentido, aseguró que la Secretaría de Estado de Seguridad "ha remitido a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a los mandos policiales una instrucción sobre difusión de datos estadísticos en la que ordena que no se faciliten a la opinión pública, evitando así el conocimiento del aumento escandaloso de la criminalidad en España".
