La Audiencia de Avila confirma la paralización de la tala de pinos en Las Navas del Marqués

Actualizado: viernes, 26 enero 2007 11:10

ÁVILA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Avila desestimó la intención del promotor de la urbanización Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués (Ávila) de reanudar los trabajos de tala en los pinares paralizados, cautelarmente, el día 27 de octubre de 2006 por un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital mientras continúe el procedimiento penal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La paralización, adoptada a instancias de nueve organizaciones ecologistas, había sido ratificada por el juez el pasado día 22 de noviembre de 2006, al desestimar el recurso de reforma que la empresa promotora interpuso contra su auto inicial.

Ahora es la Audiencia provincial la que rechaza el recurso de apelación de Residencial Aguas Nuevas S.L, con lo que se confirma la idoneidad de la medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 abulense y que contó con el beneplácito de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que instó a que cesasen los trabajos tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de declarar no urbanizable la zona.

La Sala abulense, en su auto, apunta que "no cabe dudar de que la resolución recurrida debe ser mantenida, pues, si no se ordenara la paralización de la tala de árboles, que aceleradamente se lleva a cabo, se produciría un resultado de esa actuación, presuntamente contra el medio ambiente, irreparable por la presunta destrucción parcial de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), desaparecería un Lugar de Interés Comunitario (LIC), se alteraría el lugar de anidación de cigüeñas negras...todo ello, sin perjuicio del enjuiciamiento en trámite contra los posibles imputados".

La Audiencia abulense precisa que estas medidas cautelares sólo se podrán mantener en tanto en cuanto no se ponga resolución definitiva al procedimiento principal penal abierto a raíz de la denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que presentaron distintas organizaciones ecologistas por entender que la tala pudiera constituir, entre otros, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento público, contra la protección de la fauna y malversación de caudales y bienes públicos.