AUGC responde a De la Vega que los guardias acatan la Ley y, en ocasiones, "la sufren"

Actualizado 05/02/2007 20:00:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) rechazó hoy las acusaciones de "insubordinación" y "chantaje" al Gobierno que le lanzó el pasado viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación el pasado viernes, 2 de febrero, y afirmó, en este sentido, que sus 24.700 miembros "acatan" la ley y, en ocasiones, "la sufren".

Así lo manifestó hoy su presidente, Joan Miquel Perpinyà, en declaraciones realizadas pocos minutos antes de personarse esta mañana en la Comandancia General de Palma de Mallorca ante el teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar que instruye el expediente gubernativo 11/07, abierto contra él por falta muy grave, por realizar actos que se consideran contrarios a la disciplina del Instituto Armado, pero que no constituyen delito militar.

Perpinyà recordó que la protesta que tuvo lugar el pasado 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid, a la que asistieron varios miles de guardias civiles, pretendía "tender la mano al Gobierno" y servir para pedir el cumplimiento del programa electoral del PSOE en lo referente a la reforma de esta institución y exigir el reconocimiento de los derechos constitucionales de los agentes.

A este respecto, el presidente de la AUGC, a quien se abrió el expediente gubernativo tras el acto, mostró su preocupación por las palabras de Fernández de la Vega, al considerar que "echan leña al fuego" en un momento en que se debería "suavizar" la tensión existente en el seno de la Guardia Civil y actuar con "sensatez y sentido común", remarcó.

Por otra parte, Perpinyà manifestó que los expedientes abiertos contra él y contra el secretario de Comunicación de la asociación, Juan Antonio Delgado Ramos, "no van a solucionar nada" y, en cambio, "dan una idea del talante represivo" del Gobierno hacia la Guardia Civil y, en este sentido, consideró que se han abierto para intentar "desviar" la atención de los verdaderos motivos que impulsaron a la AUGC a convocar la concentración de Madrid.

Según dijo, la asociación que dirige protestó porque los guardias civiles cobran menos que los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se les aplican castigos muy severos que violan normas internacionales, son sometidos a un régimen de incompatibilidades mucho más severo y cuentan con menos posibilidades de compatibilizar la vida laboral y familiar, entre otras cuestiones.

Perpinyà se encuentra actualmente suspendido de funciones por un plazo de 90 días, mientras que, durante los próximos seis meses, se instruirá el expediente gubernativo, aunque el portavoz de la AUGC consideró que "está todo muy decidido", al haberse pronunciado ya el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, y el ministro de Defensa, José Antonio Alonso.