SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los tres grupos de la oposición --PSdeG, AGE y BNG-- han buscado acorralar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con los casos de supuesta corrupción en el PP y la situación que vive Santiago, mientras que éste ha optado por defenderse echándoles en cara sus propias "imputaciones". Al tiempo, ha reiterado su compromiso de "perseguir" a los cargos populares que "se lucren" desde cargos públicos y ha propuesto "endurecer las penas" para estos delitos.
El cruce de acusaciones por "corrupción" ha protagonizado una sesión de control en la que el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, ha acusado a Feijóo "de no dar la cara" ante el estado de la capital gallega, con su alcalde y varios ediles del gobierno popular imputados. Un paso más allá, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, han exigido la "disolución" del Consistorio y elecciones inmediatas.
Frente a ello, Feijóo ha censurado la "doble moral" de la oposición y ha rechazado "lecciones" de partidos como el PSdeG, con el alcalde que acumula "el mayor número de imputaciones" de Galicia --en referencia al regidor de Lugo, José Clemente López Orozco--, o del Bloque, con concejales también afectados en Orense por la 'Operación Pokémon'. "La Pokémon afecta al PP, al PSOE y al BNG", ha espetado.
En base a que la población gallega "merece saber" lo que pasa en Santiago, Feijóo ha añadido que, cuando gobernaron esta ciudad PSdeG y BNG, que ahora están en la oposición, formalizaron "contratos millonarios" con Sermasa --del grupo Vendex, epicentro de la 'Pokémon'--. "Con Sermasa, el bipartito contrató seis millones, el actual gobierno local 114.000 euros. Con Aquagest, el bipartito hizo 114 contratos por 15 millones y el actual gobierno, cero euros", ha contrapuesto.
Al tiempo, ha reivindicado la "responsabilidad individual" en política y ha llamado a trabajar en la comisión para prevenir la corrupción que se activará en el Parlamento. Como recetas, Feijóo, a quien la oposición también reprochó el 'caso Bárcenas' y la 'Gürtel', apuesta por "endurecer las penas" por acciones de corrupción, "ampliar los períodos de prescripción" de estos delitos y mejorar el control de la actividad económica de los partidos.
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