El juicio queda visto para sentencia tras cinco meses de sesiones
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ex responsable de finanzas del PSOE Aída Álvarez reiteró hoy, en su turno de última palabra, en el juicio por el presunto pago de un cheque de 901.518 euros por parte de Seat al embajador alemán en España Guido Brunner, ya fallecido, que "nunca" recaudó fondos para el PSOE ni cobró "ni una sola peseta" del talón de la compañía automovilística.
En la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia tras cinco meses de sesiones, Álvarez insistió en que el Partido Socialista nunca se benefició del cheque, que, según el fiscal Luis Martínez Sol, se repartieron entre el miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan Carlos Mangana y el funcionario del Ayuntamiento de Madrid Arturo García Barbeira, más 150.253 euros en efectivo.
La ex coordinadora socialista aseguró que la causa por la que hoy se sienta en el banquillo de los acusados, junto con Mangana y García Barbeira, fue un montaje de su ex socio Francisco Javier Martínez Lora, quien, según la acusada, facilitó la fotocopia del talón al periodista Melchor Miralles. Aída Álvarez agregó que ese cheque "jamás" pudo estar en su despacho, ya que por aquellas fechas no tenía ninguna oficina.
Mientras que Mangana renunció hacer uso de su última palabra, García Barbeira insistió a la Sección 26 que "jamás" tuvo contacto con los directivos de Seat y añadió que su condición de técnico medio no le permitía tomar sólo las decisiones respecto a los expedientes de licencias de obra para la reestructuración de los edificios que disponía Seat en el Paseo de la Castellana de Madrid.
García Barbeira sostuvo que nunca dispuso de ninguna dádiva de los directivos de Seat y añadió que a día de hoy sigue haciendo su trabajo con la confianza de sus superiores. "Si hoy tuviera que informar de nuevo sobre el expediente que nos ocupa, volvería hacer algo muy parecido", concluyó.
REBAJA SENSIBLE DE LAS PENAS.
El fiscal Rodríguez Sol rebajó sensiblemente a finales de marzo en sus conclusiones definitivas las penas que solicitaba para Álvarez, Mangana y García Barbeira y retiró los cargos que pesaban contra el ex director general de Seat Juan Antonio Díez Álvarez y el arquitecto municipal Javier Aguirre de Palacio, al entender que ambos desconocían la operación delictiva.
Para Aída Álvarez, rebajó su solicitud de prisión de 10 a 2 años de cárcel por un delito de cohecho y le retiró la falsedad en documento oficial y el delito fiscal por el que también la acusaba en sus conclusiones provisionales.
El fiscal rebajó también su petición de condena de 8 a 2 años de prisión para Mangana por cohecho, mientras que redujo de 10 a 4 años de cárcel la solicitud de pena para García Barbeira. Al igual que a Álvarez, el fiscal retiró a ambos el delito de falsedad documental.
NO COBRÓ DEL CHEQUE.
En su declaración ante el tribunal, la ex responsable socialista de finanzas ya negó haberse beneficiado del cheque, mientras que García Barbeira reconoció que Mangana le pagó en su momento 120.000 euros por varios estudios de viabilidad que realizó para su consultora GMP, si bien rechazó que le hubiese entregado el dinero a cambio de conceder las licencias de obra.
No obstante, el propio Mangana contradijo esta versión, asegurando que García Barbeira nunca realizó ningún trabajo para su consultora. También insistió entonces en que nunca medió para influir en las decisiones de los técnicos municipales a cambio de 30.000 euros, que provenían de los fondos del cheque.
ABSUELTOS DEL "CASO AVE".
Esta causa constituye la primera pieza del "caso AVE", en el que se investigó las comisiones ilícitas de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. En su sentencia, la Sección Decimoséptima de la Audiencia de Madrid que absolvió a seis de los doce acusados en este procedimiento, entre ellos a Álvarez, al ex ministro socialista Julián García Valverde y al administrador de Filesa Luis Oliveró.
El resto de acusados, entre los que se encuentran los responsables de Siemens y de la consultora GMP, entre ellos Mangana, fueron condenados a un año de cárcel y multa de 1.800 euros por un delito de falsedad documental relacionado con la emisión y cobro de facturas falsas, pues no se correspondían con servicios prestados realmente a la adjudicataria de las obras.
