El Ayuntamiento de Mérida pide la dimisión de miembros del PP que aprobaron el contrato del ex gerente del transportes

MÉRIDA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Mérida reiteró hoy su solicitud para que dimitan los miembros del Grupo Municipal Popular que estuvieron presentes en la comisión en la que se aprobó el contrato blindado del ex gerente de la empresa de transportes urbanos, Prudencio González.

La portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Ascensión Murillo, acompañada por el alcalde, Ángel Calle, y la presidenta del Consejo de Administración de Transportes Urbanos, Mercedes Moyano, ofrecieron una rueda de prensa para "zanjar" todo lo relacionado con el contrato blindado del ex gerente.

Ascensión Murillo exigió "responsabilidades políticas" a los miembros del PP de Mérida presentes en la comisión que en su día celebró el Consejo de Administración de Transportes Urbanos para aprobar el contrato de Prudencio González. La portavoz municipal concretó que no se entiende que los mismos dirigentes del PP que aprobaron el contrato ahora lo desautoricen.

Por ello, calificó de "cinismo absoluto" el papel desempeñado por el actual grupo de la oposición ante todo lo relacionado con el contrato blindado del ex gerente de transportes.

Criticó que primero los concejales populares aprobaran dicho contrato cuando gobernaban en la ciudad y, posteriormente, lo "ratificaron" los concejales del PP Daniel Serrano, Juan Marrero y Francisco Robustillo, en la junta general celebrada en julio de 2007, después de que el PSOE accediera a la Alcaldía de la ciudad.

COMISIÓN.

La portavoz municipal también pidió la dimisión de la portavoz del Grupo Popular, Pilar Vargas, por estar presente en la reunión del consejo en la que se aprobó el contrato del ex gerente, al igual que el propio Robustillo.

Ascensión Murillo explicó pide la dimisión de Vargas después de que la portavoz popular haya declarado que no estuvo presente en la comisión de transportes urbanos donde se aprobó el contrato blindado del ex gerente.

Sin embargo, añadió que el consistorio tiene un acta, firmada por el entonces presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos de Mérida, Manuel Gámez, y por el secretario de dicho órgano, que era el ex gerente Prudencio González, donde se plasma que asistieron la concejal Pilar Vargas junto a Francisco Robustillo y Alfredo de la Rubia.

Respecto al acta de la comisión, Murillo explicó que todos los documentos que lo conforman están firmados por el entonces presidente y secretario del consejo. Por ello, pidió a Vargas que aclare si el acta es o no válida.

Añadió que en caso de que sea válida y Pilar Vargas hubiera asistido a la reunión habría una "negligencia" en el ejercicio de la "responsabilidad política", ya que se habría adoptado un acuerdo "lesivo" para los ciudadanos emeritenses.

Ascensión Murillo incidió en que "si como ella dice no asistió" al consejo de administración de transportes, "no habría habido quórum", porque dicho órgano estaba compuesto por siete personas, de las que tres eran socialistas, que "justificaron su ausencia" ante el anterior alcalde de Mérida, Pedro Acedo, que ejercía también como presidente de la junta general de la Empresa Pública de Transportes.

Además, la portavoz del equipo de gobierno subrayó que al justificar los miembros socialistas su ausencia en dicha comisión, se decidió "retirar todos los puntos del día a excepción de la compra de tres autobuses".

Por otro lado, indicó que "si no se celebró" dicha comisión, estarían ante un "hecho muy grave", porque se habría "falsificado" un documento público.

FACTURAS.

Por otra parte, la presidenta del Consejo de Administración de Transportes Urbanos de Mérida, Mercedes Moyano, se refirió también, a preguntas de los periodistas, sobre las facturas encontradas en la empresa de transporte en la que se han descubierto "gastos relacionados con cheques de viaje", entre otros.

Mercedes Moyano explicó al respecto que hasta el momento se ha recopilado información referente al año 2005, y añadió que una vez se tenga toda la documentación "se pondrá en manos de la justicia".

Señaló que los socialistas, cuando se encontraban en la oposición, "siempre" pidieron la documentación justificando los gastos que se daban en la empresa de transportes pero "hacía un resumen" de éstos.

El alcalde, Ángel Calle dijo por su parte que la cuestión del contrato blindado del ex gerente puede ser "el chivo expiatorio de la situación" o "la punta del iceberg" de una cuestión generalizada.