MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, considera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega haber leído el informe que la Guardia Civil aportó a la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M en Madrid y el inicio del contagio de coronavirus porque decir lo contrario supondría admitir que incurrió en un delito de revelación de secretos y, posiblemente, otro de amenazas o coacciones.
En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Bal ha puesto en duda las explicaciones de Grande-Marlaska, que asegura que la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se enmarca en una remodelación de equipos que afecta a cargos de libre designación.
Además, el ministro niega injerencias en la investigación del Juzgado número 51 de Madrid y afirma que no tiene ni conoce el informe que el Instituto Armado remitió a la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel. Lo que no ha aclarado es si, como han publicado varios medios, fue él quien ordenó que varios superiores pidieran a Pérez de los Cobos detalles sobre la investigación judicial.
"¿Qué va a decir el señor Marlaska?", ha dicho el diputado de Cs, que ha recordado que el ministro fue juez durante varias décadas y "conoce la ley". "Sería el colmo que dijera 'conozco el documento y lo he leído', porque entonces es obvio que se le abriría una causa penal por descubrimiento y revelación de secretos", ha añadido.
Bal, que antes de ser diputado de Cs era abogado del Estado, cree que la Justicia podría actuar contra el ministro incluso "por coacciones o amenazas" a Pérez de los Cobos si en algún momento este fue advertido de que si no entregaba el informe, sería destituido. "Eso no lo sabemos, será la declaración del coronel la que nos lo aclare", ha agregado.
INTENTA "CALLAR CON DINERO" A LOS GUARDIAS CIVILES
Por otro lado, ha criticado que Grande-Marlaska anunciara precisamente el pasado martes que el Gobierno realizará el pago de 247 millones de euros del tercer y último tramo del acuerdo para igualar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los de los cuerpos policiales autonómicos, pocos meses después de haber dicho que aplicar esa subida era "insostenible" en este momento.
Tras recordar que la equiparación salarial es "un logro de Ciudadanos", que pactó con el PP para introducir esas partidas en los Presupuestos de 2018, Bal ha acusado al ministro de intentar "callar con dinero la voz de los policías y los guardias civiles". "Evidentemente, no sabe con quién está tratando. Está tratando con funcionarios que son honestos y leales", ha indicado.
En relación con la investigación de la juez Rodríguez-Medel, que se inició a raíz de una denuncia presentada por un particular, el diputado de Cs ha pedido que se deje trabajar a la instructora "con independencia y con sosiego", sin interferir en su trabajo.
En este sentido, ha defendido que es la juez quien, "con reserva" y sin que haya "interferencias" del Ministerio, deberá determinar la credibilidad o falta de credibilidad del informe de la Guardia Civil, que, según han informado varios medios, contiene varios errores.
Además, Bal ha hecho una defensa del trabajo de los jueces y los fiscales en general, asegurando que son "independientes" y toman sus decisiones según criterios "puramente técnicos", y ha destacado que la formación naranja ha propuesto reformas en el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para evitar injerencias políticas.
"INNUMERABLES ERRORES" EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
Por otro lado, ha señalado que la petición del denunciante es que se investiguen las actuaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer y "lo que la juez está haciendo es investigar esto", aunque la Abogacía del Estado la acuse de abrir una "causa general" contra el Gobierno.
Sobre la gestión que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez de la crisis del coronavirus, considera "indudable" que se han cometido "innumerables errores", los cuales han tenido consecuencias "muy importantes en relación con la vida y la salud de las personas y con la precariedad económica y social en la que se ha dejado a muchas familias".
Y, según ha indicado, Cs lo ha denunciado políticamente, independientemente del recorrido que tengan las investigaciones judiciales.
