Dice no saber si ha habido intencionalidad, pero cree que es una "torpeza clara" con la que a los asaltantes les sale gratis el delito
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El Portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha acusado hoy al Gobierno de "negligencia" y le pide que justifique la actuación que va a evitar que los ocho condenados por asaltar el Parlamento catalán en junio de 2011 entren en prisión.
El dirigente de la formación naranja realiza estas declaraciones a Europa Press después de que la Audiencia Nacional haya declarado prescritas las penas de tres años de prisión de los condenados, al haberse superado el plazo de cinco años desde que el Tribunal Supremo dictó la sentencia firme sin que el Gobierno haya decidido sobre sus peticiones de indulto.
Bal explica, en declaraiones a Europa Press, que la tardanza en la tramitación del expediente de indulto que tenía que resolver el Gobierno "ha hecho prescribir la pena de estos señores". En su opinión, esto es "tremendo" porque a los asaltantes del Parlament "les ha salido gratis el delito".
Al ser preguntado si ve intencionalidad en la actuación del Ejecutivo, Edmundo Bal ha asegurado que no puede decir si es intencionado o no, pero ha dejado claro que "si no lo es, es una negligencia de libro, una torpeza clara".
El Portavoz de Ciudadanos recuerda que aunque es cierto que el indulto se solicitó en 2015, en 2018 el Gobierno cambió de manos. Y señala que a causa del retraso de siete años tanto del Gobierno del Partido Popular, como el del Gobierno socialista en dar curso a las solicitudes de indulto de los condenados, "ninguno de los implicados cumplirá la condena que les correspondía".
Por ello, su grupo va a registrar una pregunta escrita al Gobierno en con la que quiere saber cómo justifica el Ejecutivo haber dejado transcurrir el plazo de prescripción del delito sin tomar una decisión sobre las solicitudes de indulto y permitiendo la "evitación de la condena a los asaltantes" de la Cámara Legislativa catalana.
PRESCRIBE LA CONDENA IMPUESTA EN MARZO DE 2015
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el Servicio de Ejecución Penal decreta prescribir la condena impuesta en marzo de 2015 a Olga Álvarez por dicho motivo. Las citadas fuentes señalan que la Audiencia se ha pronunciado en el mismo sentido en sendas resoluciones sobre los otros siete condenados: José María Vázquez, José López, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Rubén Molina y Carlos Munter.
Con la condena, el Supremo corregía a la Audiencia Nacional, que un año antes había absuelto a los acusados. Los ocho fueron condenados por bloquear el acceso al Parlamento catalán a varios parlamentarios durante una protesta realizada el 15 de junio de 2011, incluido al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que entrar en el edificio a bordo de un helicóptero.
Es más, el Tribunal Constitucional avaló en junio de 2021 las ocho condenas por un delito contra las instituciones del Estado, aunque el Pleno no tomó la decisión de manera unánime, dado que hubo votos particulares de cuatro magistrados, quienes consideraron que debían de haberse estimado los recursos presentados por los condenados.
INDULTO SIN RESOLVER
Tras la sentencia condenatoria del Supremo, los abogados defensores anunciaron que solicitarían a la Audiencia Nacional que suspendiera la ejecución del ingreso en la cárcel de sus representados mientras se tramitaban las peticiones de indultos.
La Audiencia explica en uno de los autos que en junio de 2015 se puso en suspenso la entrada en prisión de Olga Álvarez "en tanto se tramitara y resolviera la petición de indulto solicitada ante el Ministerio de Justicia", una solicitud que "no ha sido resuelta a fecha actual".
"En atención al tiempo transcurrido" desde la sentencia del Supremo, la Audiencia remitió las actuaciones a la Fiscalía para que se pronunciara en cuanto a la extinción de la pena. El pasado 25 de noviembre, el Ministerio Público comunicó que estaba a favor.
EL "ERROR" DE LA AUDIENCIA
En su sentencia, los magistrados del Supremo analizaron la interpretación realizada por la Audiencia Nacional sobre la colisión de dos derechos fundamentales en conflicto derivados de la protesta ante el Parlament: el de libertad de expresión y el de reunión.
Concluyeron que la Audiencia incurrió en un "patente error" al solucionar ese conflicto, puesto que esos dos derechos "colisionaban" con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo.
