MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -
El letrado Fernando del Valle, acusado en el caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de capitales, aseguró hoy que el despacho que dirige en Marbella (Málaga), investigado en el marco de esta causa, no interviene en qué inversiones hacían los clientes, sino que éstos "nos piden asesoría legal cuando han tomado una libre elección" sobre sus inversiones.
Del Valle declaró hoy en el juicio por el caso 'Ballena Blanca' y contestó, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, que el bufete ofrecía asesoramiento "a inversiones ya pactadas" previamente por los clientes, los cuales ya "habían consensuado una operación" cuando acudían al despacho para pedir consejo legal sobre esas inversiones.
El acusado insistió en el juicio, que continuará el lunes, en que el núcleo de la actividad profesional del bufete es la asesoría legal y en que la constitución de empresas para clientes extranjeros era sólo "una pequeña parte" de esa actividad, ya que en esos momentos, antes de la intervención policial, "estábamos atendiendo a unos 6.000 ó 7.000 clientes".
Defendió la forma en la que se constituían esas sociedades, formadas por una sociedad inscrita en el estado norteamericano de Delaware, representada por Del Valle y que ostenta el 99 por ciento de las participaciones, mientras que el otro uno por ciento corresponde a la persona física española, casi siempre una de las empleadas, también acusada.
En este punto, el letrado indicó que la figura del fideicomiso o 'trust', "muy usual" en otros países, se utiliza por razones "múltiples y variadas" y explicó que permite que el patrimonio depositado "pueda transformarse, heredarse y moverse, todo dentro del marco legal". Aseguró que el cliente extranjero "está al tanto" de este sistema.
Añadió que es "común" que los clientes pidan que sus inversiones sean canalizadas de esta manera y lamentó que "parezca que estamos ante una situación criminalizada". "Esta canalización de inversiones a través de sociedades es habitual en las inversiones en el extranjero", apuntó, y dijo que era una de las opciones que ofrecían y que supone "utilizar al máximo, siempre dentro del marco legal, las ventajas fiscales".
En este sentido, incidió en que lograr el anonimato del cliente que realiza la inversión "no es la finalidad", como sostiene la acusación; y aseguró que tampoco se pretende el ocultamiento de bienes. En este punto, insistió en que "la gran mayoría que hace una inversión, aparezca o no su nombre, son inversiones limpias, que no conducen a nada ilegal".
Además, respondió que en la documentación intervenida en la causa, sobre la que dijo no compartir cómo se encuentra y aseguró que es "imposible de manejar", se puede comprobar que existen escritos en los que se precisa que "toda decisión económica corresponde al beneficiario, al cliente", documento privado que se puede hacer público a petición de éste.