MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, señaló hoy sobre la posible recusación por parte del Gobierno de los magistrados del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata en el recurso contra la reforma de la Ley Orgánica que regula a este órgano, interpuesto por el PP, que se trata de una decisión del Gobierno que tendrá que adoptarse, en todo caso, en función de los informes que realice al respecto la Abogacía del Estado.
En la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal, Blanco señaló que la posible recusación, que solo podrá interponerse si el citado recurso es admitido a trámite, "es una decisión propia del Gobierno", y que por su parte se muestra "muy "respetuoso" con el trabajo que se pueda hacer "una vez que se conozcan los fundamentos que pudieran llevar a tomar una decisión".
"Todavía no tenemos todos los elementos de juicios para conformar una opinión", señaló Blanco, que añadió que se debe ser "prudente" en una decisión que tiene que tomar el Gobierno de España.
MOTIVOS DE RECUSACIÓN
La posible recusación de ambos magistrados, ambos de tendencia conservadora, podría estar fundada en una carta que ambos remitieron el pasado mes de junio en la que tomaban postura contra la reforma de la Ley Orgánica que regula el alto tribunal (LOTC), sobre todo en lo concerniente a la continuación en su cargo mientras siga siendo magistrada de la actual presidenta, María Emilia Casas, cuyo mandato concluyó a mediados del pasado mes de junio.
Dicha recusación ha sido planteada después de que el pasado jueves el Pleno del Tribunal Constitucional acordara aceptar la abstención presentada por la presidenta Casas y el vicepresidente de este órgano, respectivamente, en el debate sobre la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC), aprobada por las Cortes el pasado mes de mayo.
Casas y Jiménez justificaron su abstención en el hecho de que los artículos de la LOTC recurridos les afectan directamente. Uno de ellos, el 16.3 de la nueva ley, permite prorrogar su mandato, que concluyó a mediados del pasado mes de junio, hasta el próximo mes de diciembre.
El segundo artículo de la Ley Orgánica recurrido por el Partido Popular, el 16.1, obliga al Senado a elegir a los nuevos miembros de este tribunal dentro del cupo de magistrados que propongan las comunidades autónomas. Tanto Casas como Jiménez manifestaron su voluntad de ausentarse también durante el debate de este punto, por sentirse igualmente afectados , pues ambos forman parte del grupo de magistrados que deben ser renovados por la Cámara Alta.
La importancia de este asunto estriba en la fragilidad del equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el alto tribunal de cara al estudio de recursos clave en el terreno político como es el promovido por el Partido Popular contra el nuevo Estatuto de Cataluña.
Tras admitirse la abstención, el sector progresista en el alto tribunal deja de contar con el voto de calidad de Casas como presidenta y, en el caso de empate en la resolución del recurso contra la LOTC, dicho voto de calidad podría ser emitido por el magistrado conservador Vicente Conde, que asume la presidencia por ser el más antiguo. Si se aparta de este debate a dos magistrados de tendencia conservadora el perfil del tribunal cambiaría en favor del sector progresista del mismo.
