MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo tiene por costumbre adelantar el fallo de las sentencias y autos dictados en asuntos considerados de especial relevancia o de gran interés para la opinión pública, como ocurrió la semana pasada con el fallo de la sentencia que anulaba la condena de los tres policías relacionados con la detención de dos militantes del PP que participaron en la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en la que el ex ministro de Defensa José Bono dijo haber sido agredido.
Fuentes del alto tribunal indicaron hoy, tras anunciar el PP que recurrirá la sentencia del "caso Bono" por haberse adelantado el fallo, que en numerosos casos se ha hecho público el acuerdo adoptado, como por ejemplo ocurrió en marzo de 2003 con la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El 27 de marzo se hizo público el fallo y la sentencia completa se dio a conocer días después.
Más reciente es el caso del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi. La Sala Segunda del Supremo celebró el pasado 7 de junio una vista para estudiar su recurso de casación contra la condena a 15 meses de cárcel por enaltecer al dirigente etarra José Miguel Beñarán, "Argala". Al día siguiente se hizo público que se confirmaba la condena, decisión con la que la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión, aunque aún no se conocía la sentencia en su integridad.
RECURSO DEL PP.
Por ello, las fuentes consultadas restaron importancia al recurso anunciado hoy por el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, contra la sentencia del denominado "caso Bono" al entender que los magistrados del alto tribunal "han incumplido la Ley al emitir un fallo sin dictar sentencia". Granados también avanzó que el PP interpondrá una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el mismo motivo mencionado.
"Si estas medidas no fueran suficientes presentaremos un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y si esto tampoco es suficiente, también presentaremos un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo", aseveró el secretario general del PP madrileño, quien apuntó que, sin embargo, el partido "acata y respeta" el fallo del Supremo.
Según las fuentes del alto tribunal consultadas, no existe ninguna ley que impida dar a conocer un fallo y que obligue a esperar a tener redactada la sentencia para hacer pública una decisión. Además, recordaron que cuando un tribunal va a absolver a algún acusado en un juicio, su obligación es dejarle en libertad en cuando tenga la convicción de que va a adoptar esa decisión, aunque la vista oral ni siquiera haya terminado.
De ahí que en cualquier caso lo que sería más discutible es si una persona, como ocurrió con Otegi, debe ingresar en prisión sólo con el fallo sin conocer los argumentos de la sentencia condenatoria.
Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron entonces que la comunicación del fallo previa a la sentencia permite al tribunal sentenciador ejecutar la condena o resolución adoptada en cada caso. Además, este conocimiento permite empezar a preparar un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
