Actualizado 10/04/2007 21:18 CET

Bórico.- Los imputados tratan de impedir el juicio, amparándose en el fallo de la AN sobre 'las cesiones de crédito'

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los mandos de la Comisaría General de la Policía Científica imputados en el 'caso del ácido bórico' presentarán mañana un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, de abrir juicio oral sólo con la acción popular, en contra de la tesis de la Audiencia Nacional que archivó por este mismo motivo la causa por el 'caso de las cesiones de crédito', en el que se iba a juzgar al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín.

El abogado José Antonio Choclán, que defiende al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a tres de sus subordinados, interpondrá el recurso después de que la magistrada haya rechazado una aclaración solicitada por el letrado para dilucidar si era recurrible la parte del auto de apertura de juicio oral en el que se rechazan sus argumentos, que fueron apoyados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de los mandos policiales recuerda que este asunto se planteó con anterioridad como una cuestión previa al auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 14 de marzo, por lo que, en su opinión, debería haber motivado un pronunciamiento independiente del juicio de acusación.

El abogado subraya en el escrito que el auto impugnado contiene "pronunciamientos que exceden de esta materia" e insiste en que la razón de haber utilizado para su resolución la vía del auto "no debe impedir el acceso a los recursos establecidos".

Recuerda, igualmente, que la propia Audiencia de Madrid decidió no resolver esta cuestión al no haber sido debatida en primera instancia, presuponiendo una segunda instancia sobre el asunto.

A su juicio, esta decisión produce "consecuencias negativas para quien se ve avocado a ocupar el banquillo de los acusados con manifiesto quebranto de la legalidad".

Concluye que la vulneración del principio de legalidad y de derechos fundamentales de carácter procesal a los que han sido sometidos sus patrocinados deben ser invocados por la vía del recurso ordinario, sin necesidad de acudir al incidente de nulidad de actuaciones previsto en la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ).

TESIS CONTRARIA.

En opinión de Choclán, la juez Gallego contradice la tesis de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el 'caso de las cesiones de crédito'. En este caso, se acordó el sobreseimiento de la causa, conforme a lo que había solicitado el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

Ambos entendían que dentro del procedimiento abreviado y, según lo dispuesto en el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), "no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular", ya que establece que "si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) lo acordará el juez".

Por el contrario, la juez Gallego defendió en su auto que en el articulado del Código Penal que regula el Procedimiento Abreviado no hay "ningún precepto legal que recoja expresamente la imposibilidad del juez instructor de abrir juicio oral sólo a instancias de la acusación popular".

Además, añadió que "no es insólito que la acción penal se ejerza exclusivamente por el acusado particular y no por el Ministerio Fiscal, si éste estima que no procede su ejercicio".

En su auto, replicó a la Fiscalía que "resulta indiscutido que en nuestro sistema procesal no existe el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público" y agregó que en este caso se debe proceder a la apertura de juicio oral, "otorgando eficacia a los escritos de acusación de la acción popular presentados en la causa", en referencia a los de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y Manos Limpias.

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