MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles que la Embajada de España en Honduras seguirá muy de cerca el juicio por el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres y prestará la atención consular necesaria al ciudadano español que declarará como testigo protegido, Luis Díaz de Terán-López.
Así lo ha afirmado en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo, que era amigo personal de la activista, y que ha pedido al Ejecutivo que ejerza su influencia con el Gobierno de Honduras para que se comprometa con los derechos humanos.
Borrell, que ha reiterado la condena del Gobierno español por el asesinato, ha dicho entender la dosis adicional de emotividad en la pregunta del diputado y ha dejado claro que él también tendrá protección consular cuando se desplace a Honduras como observador del juicio. También ha detallado que el embajador español está en contacto directo con este testigo español y que el Gobierno se ha dirigido a las autoridades hondureñas en relación con este caso.
El ministro ha recalcado que, desde que se produjo el asesinato, en 2016, el Gobierno "ha hecho todo lo posible por apoyar a la familia" y seguir el proceso judicial ante un acontecimiento "terrible". Y, aunque ha señalado que "España no puede proteger la vida ed tosos los ciudadanos fuera de sus fronteras", ha recordado que el Gobierno tiene un programa para acoger y defender a defensores de los Derechos Humanos del que se han beneficiado más de 300 personas desde 1995. "Podemos hacer más y sin duda procuraremos hacerlo", ha añadido.
Por su parte, Arrojo ha confiado en que este juicio, por el "escándalo internacional" que ha supuesto el asesinato de Cáceres, marque "un punto de inflexión en la barbarie criminal" que vive el país, donde, según ha dicho, 130 activistas medioambientales y por los derechos humanos "han sido asesinadas de forma impune desde el golpe militar de 2009".
El diputado ha recordado que España tiene un papel protagonista en la cooperación internacional con Honduras, no solo de manera bilateral, sino administrando buena parte del programa europeo Eurojusticia, dotado con 30 millones de euros. "Sobre el papel, pretende acabar con la impunidad y garantizar la transparencia y la atención a las víctimas, pero nada de esto se materializa en los procedimientos judiciales en curso", ha avisado.
Arrojo ha pedido al Gobierno que use su "notable influencia" en Honduras, influencia que ha atribuido también a que España es "puente" con la UE, para que también el Gobierno local haga un seguimiento del juicio.
Por último, ha reclamado a Borrell que cambie la posición que mantuvo el Ejecutivo del PP y apoye en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el instrumento vinculante en materia de Derechos Humanos para empresas multinacionales.
