Bravo: afirma que la oposición de jueces y fiscales no justifica una huelga

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado este martes que la oposición de una parte de los jueces y fiscales a un determinado anteproyecto de ley no justifica la huelga convocada para el próximo 20 de febrero.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Bravo ha subrayado que el CGPJ "siempre ha entendido que los jueces tienen motivos para quejarse, manifestarse y reivindicar" cosas, por ejemplo cuando protestan por "la falta de medios materiales y personales".

Sin embargo, ha señalado que "en el momento actual hay que seguir abogando por el diálogo" porque "parar la Justicia no es el camino". En el momento actual, ha añadido, "la sociedad, tan preocupada por la crisis y la corrupción, tiene que ver al poder judicial como un referente".

Aunque ha indicado que el CGPJ está mediando con el Ministerio de Justicia para que se puedan abordar los problemas que plantea la carrera judicial, ha opinado que algunos de las peticiones, como "derogar leyes que ha aprobado el Parlamento o retirar anteproyectos presentados por quien tiene la facultad de prelegislar", tienen "difícil solución".

En su opinión, "no está muy justificado" que convoquen una huelga "porque consideran que un determinado anteproyecto no es el apropiado". Asimismo, deben tener en cuenta que representan a un poder del Estado y que, "en un momento como el actual, si ya ni siquiera la Justicia funciona, puede ser muy grave", ha manifestado.

Tras recordar que el derecho a la huelga es un derecho fundamental amparado por la Constitución, Bravo ha explicado que no aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, no existe un marco legal que regule el posible derecho a la huelga de los jueces. Por ese motivo, se trata de "un tema controvertido y abierto", ha agregado.

CRÍTICAS A CASI TODOS LOS ANTEPROYECTOS DEL GOBIERNO

Aun así, ha destacado que el Consejo General del Poder Judicial ha criticado "prácticamente todos" los anteproyectos de ley impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy y criticados por las asociaciones de jueces y fiscales.

Respecto a la Ley de Tasas Judiciales, la portavoz ha indicado que el CGPJ ya alertó, antes de que se aprobara en el Parlamento, de que podía afectar al derecho a la tutela judicial efectiva. "Después el legislador aprobó la ley en los términos que consideró oportunos. Y sigue sin gustarnos, pero tenemos que respetarla", ha afirmado.

En este contexto, ha dicho que, ante esta ley considerada "injusta" por gran parte de los jueces y fiscales, los magistrados pueden "plantear posibles cuestiones de inconstitucionalidad" si lo consideran necesario. El CGPJ ya acordó que "íbamos a estar atentos a las consecuencias de la Ley de Tasas para evitar que el ciudadano se vea imposibilitado de acceder a la Justicia", ha añadido.

El órgano de gobierno de los jueces también fue "muy contundente", ha señalado Bravo, cuando advirtió de la posible inconstitucionalidad de aspectos recogidos en la reforma del Código Penal, como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad.

"En todos estos ámbitos, no nos estamos apartando del discurso de un amplio sector de la carrera judicial y fiscal. Compartimos muchas de estas valoraciones y reivindicaciones", ha insistido.

EL CGPJ NECESITA UNA REFORMA

El CGPJ también se ha manifestado en contra de los cambios a los que le ha sometido el Gobierno porque considera que podrían desapoderarlo o afectar a la independencia judicial. Bravo ha opinado que esta institución, "después de 35 años, sí necesita una reforma", si bien esta debe "cumplir los parámetros que fija la Constitución" y respetar las funciones del CGPJ.

Por último, Bravo ha resaltado la necesidad de reformar la Justicia española". "Es importante que la inversión económica en medios materiales y personales venga acompañada de cambios sustanciales y profundos en la Justicia española" que mejoren "las estructuras y los procedimientos", ha dicho.

En el ámbito penal, el objetivo debe ser, a su juicio, dar "más agilidad" a la fase de investigación en la que se basará el escrito de acusación. Igualmente, considera que hay que modificar el mapa judicial porque el sistema actual no es "eficaz" a la hora de abordar asuntos complejos.