MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado de UPN y miembro de la dirección nacional del PP y del Grupo Popular en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo, considera que el Tribunal Constitucional "ha asestado un golpe de imprevisibles consecuencias al principio de seguridad jurídica" con su reciente sentencia que impide el ingreso en prisión de 'los Albertos' y aboga por reformar la institución e incluso plantearse su supresión.
Del Burgo se refiere a la sentencia del TC que desestimó la ejecución de la sentencia del Supremo que había condenado a a tres años y cuatro meses de prisión a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el 'caso Urbanor', alegando que la estafa había prescrito. Mañana mismo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará un pleno no jurisdiccional para pronunciarse sobre esa sentencia y expresar su posición sobre la jurisprudencia de la interrupción de la prescripción de los delitos ante el conflicto de intereses abierto entre los dos tribunales por esta decisión.
En un artículo publicado en su blog de Portal Electoral y recogido por Europa Press, Del Burgo señala que, con su sentencia, el TC "ha asestado un golpe de imprevisibles consecuencias" a la Justicia porque "el instituto de la prescripción está directamente relacionado con el principio de seguridad jurídica". "A partir de ahora, la dilación dolosa o perezosa de un juez puede enervar el ejercicio de las acciones penales --agrega--. Y esto es una catástrofe para nuestro Estado de Derecho".
A su juicio, "hace mucho tiempo que la inmensa mayoría de los 'operadores del Derecho' dejaron de tener confianza en el Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos de amparo", pues ha sido la propia institución la que se ha encargado de "destruir" la confianza de los ciudadanos en este instrumento.
El dirigente 'popular' sostiene que "la inmensa mayoría" de los ciudadanos que recurren en amparo ante el TC "pierden lastimosamente el tiempo y su dinero" porque la institución "se quita de encima" los recursos. Eso sí, asegura que "esta regla de indefensión absoluta no rige cuando el recurrente o el asunto de que se trate poseen alguna característica de especial relevancia, o están en juego poderosos intereses o los intereses de los poderosos".
IRRITANTE SENTENCIA.
"Lo irritante de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los Albertos no es que el Tribunal haya evitado que fueran a la cárcel -nadie desea el mal ajeno- sino que los magistrados han encontrado tiempo para entrar en el fondo de la cuestión y motivar -con mayor o menor acierto- si su recurso tenía o no contenido constitucional, mientras se condena al averno jurídico a miles y miles de humildes recurrentes 'anónimos'", se queja.
En ese contexto, Del Burgo cree que urge la reforma o incluso la supresión del Tribunal Constitucional: "Algunas sentencias cuajadas de votos particulares, la ferocidad de las luchas intestinas entre sus miembros, la extremada politización inherente al sistema de elección y la demora injustificada e indebida a la hora de resolver las grandes controversias constitucionales obligan a pensar en posibles reformas e, incluso, a hacer una reflexión profunda sobre la conveniencia o no de mantener la propia institución", asevera.
Tras señalar que el TC "ha caído en la tentación de sustituir -sin legitimidad alguna- al poder constituyente cuando dicta sentencias 'interpretativas'", Del Burgo cree que "algo habrá que hacer" con la institución: "Todo menos asistir impasibles al suicidio del Tribunal Constitucional", enfatiza.
Así, propone como "mucho más razonable" que los recursos de amparo fueran resueltos por una sala especial del Tribunal Supremo, lo que eliminaría "el pretexto" alegado para justificar el retraso de las decisiones de inconstitucionalidad, y que se garantice que los magistrados sean inmunes a cualquier tipo de presión política o económica, para lo que aconseja, como fórmula más efectiva, que los magistrados, una vez agotado su mandato -prolongado en el tiempo- no tengan necesidad de volver al mercado de trabajo. De hecho, el PP ya ha propuesto que los magistrados del TC sean vitalicios.
