Recuerda a los abogados que "no es cierto" que a "más recursos, más garantías" y defiende una "justicia ágil"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido este viernes que las penas para los que se conoce como "trapicheo", es decir, tráfico de drogas a pequeña escala, eran "excesivas" y por ello se han reducido en la última reforma del Código Penal, pero ha recalcado que se "endureció" la penalidad para los narcotraficantes.
"En la última reforma del Código Penal se atenuaron precisamente las penas para los delitos de narcotráfico de pequeña escala, los grandes se han endurecido", ha manifestado el ministro en declaraciones a los medios antes de participar en una conferencia en Santiago de Compostela, y en las que recordó que el Tribunal Supremo, en un acuerdo no jurisdiccional, "solicitó que se redujese la penalidad por considerarla excesiva" para el menudeo.
Así las cosas, el ministro ha recalcado que la reforma penal que ha entrado en vigor en enero lo que hace es recudir las penas respecto de "ese narcotráfico de pequeñísima escala, muy abundante desgraciadamente". "Pero sí se han endurecido (las penas) en los traficantes de verdad que se lucran a costa de la vida de muchas personas", ha subrayado.
Por otro lado, y al respecto de las críticas por "pérdida de derechos" de los defendidos que denunció, recientemente, el Colegio de Abogados de Santiago, Caamaño ha explicado que el proyecto de enjuiciamiento cuenta con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, ha indicado que "una cosa es ir al juez y otra es el derecho a agotar todas las instancias judiciales existentes".
Dicho esto, y tras asegurar que "comprende" las posturas de los abogados en general, ha advertido de que "no es cierto que cuantos más recursos se tienen haya más garantías". Explicó, en este sentido, que en un procedimiento "hay otra parte, otra persona a la que está pleiteando, que se ve favorecida con tantos recursos".
Así, el ministro de Justicia ha precisado que, en ocasiones, hay personas que "tienen una sentencia favorable pero, sin embargo, no ve como se puede ejecutar hasta pasados 10 o 12 años, porque la otra parte está haciendo uso de los derechos al recurso". "Eso tampoco es justo cuando se mira comparativamente el sistema", ha apostillado.
En este sentido, ha indicado que "entiende" la preocupación de los abogados piensa en el proceso, pero ha indicado que "la preocupación del ministro de Justicia es tener un sistema ágil, que dé una respuesta eficaz a los ciudadanos, porque es también es un servicio público". "A nosotros nos importa la calidad del servicio público, la gran mayoría de los españoles considera que el sistema de justicia es demasiado lento, y parte del problema es porque hay muchas posibilidades para recurrir", expuso.
Además, ha dicho que "lo que tiene preocupada" a la Abogacía son las apelaciones "que se reducen sustancialmente a un recurso de apelación en los juicios verbales civiles para reclamar cantidades hasta un tope máximo de 6.000 euros". En este sentido, ha puesto de manifiesto que "no es una justicia para ricos", sino que la limitación de recursos permite que "un fontanero que hizo un trabajo y no cobra una factura", pueda contar con ese dinero.
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA
Durante su participación en la conferencia en Santiago de Compostela, el ministro ha asegurado que la transformación de la Justicia era un "objetivo necesario y largamente esperado" que el actual Gobierno está convirtiendo en una realidad.
Asimismo, ha desgranado las líneas estratégicas que se plasmaron en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia para los años 2009-2012, presentado poco después de que llegara al Ministerio, y que agrupa un conjunto de modificaciones normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán hasta el año 2012.
Calificó algunas de las medidas de este plan como "asignaturas pendientes" de la Justicia, cuyas reformas se están acometiendo actualmente, como la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, el diseño de un nuevo Registro Civil, la reforma del mapa judicial o la elaboración de leyes que favorezcan el arbitraje y la mediación para reducir el volumen de asuntos que llegan al sistema de justicia.
Del mismo modo, el ministro ha proclamado que la Justicia "es la garantía última de los derechos de los ciudadanos", por lo que su mal funcionamiento entorpece el progreso de un país e incluso afecta al desarrollo económico y social. Por ello, es "un área prioritaria en la acción del Gobierno".
En este sentido, se acaba de aprobar el proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia que supondrá, según el ministro, la "consolidación definitiva del proceso de modernización y cambio que se está realizando y un avance sin precedentes en la prestación del servicio público de la justicia".
