MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció hoy que el Ministerio que dirige Francisco Caamaño se ha comprometido a revisar el actual modelo de justicia gratuita tras recibir "de modo unánime" las quejas de las comunidades autónomas (CCAA) que tienen transferidas las competencias en esta materia, debido al excesivo gasto que supone este derecho.
"Hay una Ley que da cobertura a la posibilidad de acceder a los tribunales para quien no tiene recursos, pues bien, las comunidades autónomas han transmitido al ministro la insatisfacción del modelo actual, asumiendo el Ministerio el compromiso de revisar la Ley de Concesión de Beneficio de Justicia Gratuita de 1996, atendiendo precisamente a las indicaciones que de modo unánime nos han transmitido", explicó Campo.
El 'número dos' del Ministerio realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada hoy en el Ministerio y encabezada por el ministro Francisco Caamaño, a la que asistieron los consejeros de Justicia de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón. Este encuentro tuvo como asunto central la Nueva Oficina Judicial que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2010.
Previamente, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, manifestó también ante los medios de comunicación la sintonía del Ejecutivo madrileño con el resto de comunidades autónomas para impulsar una reforma de la asistencia jurídica gratuita "sin lesionar este derecho con la finalidad de racionalizar el abuso excesivo de este servicio", que, según dijo "cuesta a la Comunidad 50 millones de euros al año y por tanto a todos los madrileños".
Tras el encuentro --que se prolongó durante más de tres horas--, Campo destacó también el compromiso del Ministerio de estudiar la solicitud de las Comunidades Autónomas de transferir a éstas las competencias sobre la gestión del personal de Justicia. "Las comunidades autónomas han solicitado una profunda descentralización en la gestión del personal tras mostrar el rechazo al modelo actual y el Ministerio se ha comprometido a valorar la viabilidad de tal propuesta", explicó Campo.
"PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD"
El 'número dos' del Ministerio también destacó el acuerdo para trabajar en la puesta en marcha de un sistema informático que permita a todos los juzgados de España trabajar en red. El secretario de Estado lo definió como "una plataforma de conectividad" que da respuesta a "la situación asimétrica actual" ya que cada región "ha desarrollado sus propias aplicaciones".
El pasado 9 de junio el ministro Caamaño adelantó la presentación de este proyecto informático durante su participación en un desayuno informativo en el que se refirió a la "paradoja" de que en España se hayan hecho "muchísimas inversiones en los sistemas informáticos, pero cada uno ha trabajado en direcciones que luego no son complementarias entre sí". "Nuestros sistemas hoy nos son compatibles y la culpa es un poco de todos", dijo el ministro.
Campo, quien llegó a referirse a estos acuerdos como "pequeñas revoluciones en la Justicia", también valoró la importancia de la próxima aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Reforma Procesal, que, según dijo "afectará a 16 leyes del ámbito procesal". Además anunció que antes de finales del próximo mes el Departamento repartirá entre las distintas CCAA "3000 unidades" de las pulseras telemáticas que se vienen empleando como una medida de prevención en materia violencia de género.
