La policía afirma que el técnico municipal carecía de justificación para avalar la licencia del amigo de Blanco junto a El Prat
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La defensa del vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo solicitando la exclusión del último informe presentado por la UDEF de la causa en la que se investiga al exministro de Fomento socialista José Blanco por supuesto cohecho y tráfico de influencias relacionados con la trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas investigada en la 'Operación Campeón'. Afirma que constituye una pericial no autorizada por el instructor del caso.
El informe aludido por la defensa de Orozco, que ejerce el abogado José Manuel Campo Moscoso, concluye en la "ausencia de justificación" del técnico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a la hora de avalar, tras dos primeros informes denegatorios, la concesión a la empresa Azkar de una licencia para instalar una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto de El Prat.
El informe policial tenía como objetivo esclarecer si el exdirigente socialista medió entre el propietario de Azkar y los responsables del Ayuntamiento de Sant Boi para la concesión de la citada licencia.
Al igual que ya ha hecho la defensa de Blanco, el representante legal de Orozco pide al magistrado instructor de la causa, José Ramón Soriano, que anule esta diligencia de prueba por "carecer totalmente de rigor y objetividad" y dicte el sobreseimiento de la causa.
Según el escrito de la defensa de Orozco, al que ha tenido acceso Europa Press, la UDEF se excedió al realizar este informe, que no fue solicitado por el magistrado, y ha presentado además una suerte de informe pericial lleno de datos técnicos. Precisamente Soriano rechazó expresamente la realización de esta pericia.
Añade que se desconoce si los autores del texto, que analiza determinados aspectos de la licencia ambiental concedida por el Ayuntamiento de Sant Boi a la empresa de transportes, tienen la titulación necesaria para realizar este análisis técnico o han utilizado el auxilio de un tercero. "En este último caso la actuación sería todavía más grave", apunta esta parte.
LEGALIDAD DE LA LICENCIA
Sobre la licencia en sí, el vicepresidente de Azkar afirma que se ajusta a la legalidad al haber sido solicitada para una agencia de transporte en un terreno que la entidad pública titular del aeropuerto ha destinado precisamente a esta actividad.
"Podrá haber discrepancias sobre los detalles constructivos o sobre las medidas que deben adoptarse; pero la legalidad de la licencia solicitada está fuera de toda duda", afirma la defensa de Orozco, que puntualiza que el único cambio, referido a los cálculos de la carga de fuego en el local, fue presentado a instancia de la propia Azkar para adaptarse a la normativa autonómica.
"Incluso en el caso de que existiera alguna irregularidad (...) -añade esta parte-, ello no significa que exista el delito de tráfico de influencias que se imputa a mi representado: ningún reproche penal, ni siquiera ético, merece el hecho de que un directivo de una sociedad gestiones para tramitar una licencia ante los organismos con competencias en la materia".
La semana pasada, el magistrado Soriano dictó una providencia en la que anunciaba su disposición a dictar próximamente un auto para declarar conclusa la instrucción de esta causa. Tras la presentación de este informe, solo resta que la Fiscalía se pronuncie sobre si sigue adelante con las imputaciones a Blanco o solicita que se sobresea el caso por todos o alguno de los delitos que inicialmente se le atribuyen.
