Camps acusa al Gobierno de "desprogramar" la llegada de la alta velocidad a la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acusó hoy al Gobierno central de haber "desprogramado la comunicación en alta velocidad" de la Comunidad Valenciana con Madrid, a pesar de que era un proyecto que ya "estaba en marcha", al tiempo que calificó como "injustificable" que el Gobierno no dé una fecha para la llegada del AVE a la Comunitat.

Francisco Camps, quien realizó estas declaraciones tras el encuentro de equipos de Gobierno de Alicante, Valencia y Castellón, celebrado hoy en la capital alicantina, avanzó que la llegada de la alta velocidad a las tres capitales de provincia de la Comunitat "va a ser una de las grandes reivindicaciones que de forma conjunta harán los tres ayuntamientos y la Generalitat".

A su modo de ver, "no tiene sentido y es injustificable que el Gobierno socialista haya desprogramado la alta velocidad en la Comunidad", a pesar de que, según dijo, es "un proyecto que estaba en marcha cuando gobernaba el PP". Sin embargo, según dijo, ahora "está parado realmente en su proyecto de comunicación con la ciudad de Valencia y está parado en el programa de inversiones del Gobierno socialista en su comunicación entre Madrid y Alicante, y entre Madrid y Castellón, y en el corredor Mediterráneo".

Así, Camps quiso "reivindicar una vez más y denunciar al Gobierno socialista porque ha desprogramado la comunicación en alta velocidad Madrid-Alicante y Madrid-Castellón y porque está ralentizando además el único tramo Madrid-Comunitat Valenciana, que estaba en marcha, sin proyecto de estación de alta velocidad en ciudad de Valencia".

Por otro lado, el presidente del Consell resaltó el encuentro celebrado hoy y animó a los tres ayuntamientos a que le den continuidad, algo que "año tras año" realizarán con la Generalitat valenciana para llevar adelante los "compromisos" de estas instituciones con la ciudadanía.

30.000 VPO.

En este sentido, avanzó que en el encuentro de hoy los tres ayuntamientos y el Gobierno valenciano se han "comprometido a hacer en un espacio de tiempo lo más corto posible, la construcción de 30.000 viviendas de protección oficial de precio asequible y accesible a las personas que más lo necesitan en las tres capitales de provincia".

De igual modo, quiso destacar que el "modelo de crecimiento y de ciudad" de la Comunidad, ya que es "potente, moderno, ambicioso, que está generando muchas expectativas y que está siendo muy atractivo a muchas personas, que están viniendo a la Comunitat Valenciana a vivir". Así, según añadió, "somos un millón de personas más porque creamos prosperidad, trabajo y calidad de vida", por lo que pidió a cambio "su correlato en financiación para Generalitat y para los ayuntamientos".

El asunto de la financiación fue uno de los abordados durante este encuentro municipalista. Así, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, indicó que el Gobierno legisla "utilizando los presupuestos de los ayuntamientos", ya que en las normas obliga a las administraciones municipales a atender demandas, pero sin una partida económica pareja a la obligación de prestar determinados servicios.

En esta línea, el primer edil alicantino puso como ejemplo la Ley de Dependencia y la de Modernización de las estructuras electrónicas, que están "ya en funcionamiento y que obligan a que los ayuntamientos les reconozcamos unos derechos a los ciudadanos que nos los pueden exigir a partir de determinada fecha", mientras que los ayuntamientos disponen de "los mismos ingresos que hace unos años y sólo han aumentado el IPC".

Estas dos leyes, según aseguró, "son carísimas a la hora de aplicarlas y de ninguna manera se ha acompañado ni se ha dicho cómo los ayuntamientos vamos a poder poner en práctica estas leyes". "No nos han dado dinero para hacerlo, no tenemos presupuesto ya para atender a esta población, que por otro lado ha aumentado en nuestra comunidad de una manera ostensible", según apostilló.

En su argumentación, Díaz Alperi expuso que hace unos años el número de solicitudes de inmigrantes a Servicios Sociales era de un 9 por ciento y en la actualidad este porcentaje se ha elevado a un 48 por ciento, lo que muestra el incremento de población y el aumento de de demandas que los ciudadanos. "Necesitamos dinero para atender lo que los ciudadanos tienen derecho a demandar", concluyó.