CANARIAS.-La Comisión del parlamento canario que investiga el caso Amorós analizará el lunes las conclusiones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Feb. (EP/IP) -

La comisión del parlamento canario que investiga el caso Amorós comenzará el próximo lunes a analizar y elaborar sus conclusiones. Para Coalición Canaria se debería quedar en el reconocimiento de responsabilidades administrativas, mientras que el PP parece concentrarse en la discrecionalidad de un cargo político inactivo del Gobierno de Canarias de Román Rodríguez. Por su parte, los socialistas apuntan que ha habido conclusiones políticas y se han desvelado "comportamientos anormales"

José Miguel González de CC, Jorge Rodríguez del PP y José Alcaraz del PSC son los diputados designados para elaborar las conclusiones, que deberán plasmarse en un dictamen, que se votará en un pleno de la Cámara junto con los votos particulares que pueda presentar alguno de los grupos.

El portavoz de CC tiene claro que el alcance de las infracciones advertidas por la Audiencia de Cuentas, en su informe de fiscalización de la dirección general del Tesoro en 2002, no van más allá de "irregularidades administrativas pero sin la trascendencia que otros le han querido dar".

José Miguel González declaró que ha quedado de manifiesto que hubo "dificultades de gestión pero no acciones delictivas" en la dirección general de Alberto Amorós, integrada en la Consejería de Economía y Hacienda, en ese momento responsabilidad del actual presidente regional de CC, Adán Martín.

Para este portavoz carece de sentido exigir responsabilidades políticas "a quien no está" activo políticamente, es decir, a Alberto Amorós. Sin embargo, el portavoz del PP entiende que, en el departamento del Tesoro, se produjeron comportamientos "absolutamente anormales, torticeras y arbitrarias".

ACUSACIONES DE DISCRECIONALIDAD DEL PP

Jorge Rodríguez, del PP, criticó la "discrecionalidad" con la que se trabajó en una dirección general del un Gobierno, cuyo presidente fue Román Rodríguez. En su opinión, responsabilidades políticas "claro que las hay y las vamos a evidenciar" aunque finalmente renunciaron a su principal exigencia, la comparecencia de Adán Martín.

Los ex socios del jefe del Ejecutivo de CC pasaron de ser los autores de la propuesta para la creación de esta comisión de investigación a acusar a Adán Martín de intentar frustrar su comparecencia en la comisión de investigación, denunciar al PSC y a CC de "taparse las vergüenzas" y renunciar recientemente a su principal solicitud de comparecencia, el actual presidente regional.

Según el PP, Adán Martín ya "no era necesario". Este cambio se produce en la recta final de la legislatura y con la comisión de investigación del caso eólico caminando en paralelo. Para Jorge Rodríguez, se pueden exigir responsabilidades a pesar de estar al margen de la actividad política o en otras funciones institucionales.

El portavoz popular recalcó que este tipo de comisiones "no son un pim, pam, pum" entre los intereses de los partidos políticos ya que pueden emplearse que "sacar enseñanzas para comportamientos futuros".

PSC: LA COMISIÓN TUVO SU RAZÓN DE SER

José Alcaraz, del PSC, se mostró mucho más interesado en advertir la posibilidad de que no salga un dictamen que en identificar las "muy contundentes y muy claras" conclusiones políticas extraídas por el PSC. Jorge Rodríguez rechazó cualquier conclusión que evidencie que la comisión "no era necesaria porque tuvo su razón de ser al desvelarse comportamientos absolutamente anormales".

José Miguel González aseguró no haber pensado en la posibilidad de que la comisión no termine con su labor, plasmada en un dictamen y unos votos particulares. Recordó que "siempre pensamos" que las comisiones de investigación de esta legislatura fueron un "error". Puede ocurrir, agregó, que "no haya nada y no merezca" elaborarse las conclusiones.

La comisión de Presupuestos y Hacienda, en la que se analizó el informe de la Audiencia de Cuentas que dio lugar a la constitución de la comisión de investigación, ninguneó el trabajo de fiscalización. Esto se produjo al rechazarse las propuestas de resolución de CC, el PP y el PSC. El resultado fue que la comisión no tomó ningún acuerdo sobre el informe de fiscalización, responsabilidad del ponente nombrado por el PP, Juan Marrero.