SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EP/IP) -
La comisión de Turismo y Transportes del Parlamento de Canarias aprobó hoy el informe de la ponencia sobre la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre sólo con los votos favorables de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP), por lo que, previsiblemente, la norma será aprobada definitivamente por la Cámara regional en el pleno de la próxima semana.
Los socialistas, opuestos a respaldar esta iniciativa, se abstuvieron en la votación de todos los artículos excepto en los que sus enmiendas fueron rechazadas, que votaron en contra. Su portavoz en la materia, Julio Cruz, denunció al término de la maratoniana sesión que se prolongó más de cuatro horas que "la norma sólo busca blindar a los siete u ocho empresarios concesionarios que hay ahora en las islas" e insistió en que la ley "creará muchos problemas". "Sería preferible para el sector que siguiera sin ley antes de tener esta", enfatizó.
"El sentido de la norma es asegurar que los actuales concesionarios lo seguirán siendo mientras vivan ellos, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos al tiempo que liberaliza de forma excesiva muchos aspectos del transporte a favor de la iniciativa privada", aseguró el socialista. En cambio, "la ley no defiende a los empresarios discrecionales y protege a los concesionarios frente a los demás existentes".
El Partido Socialista Canario (PSC) apuntó que "la norma blinda las actuales concesiones hasta por 20 años, cuando todos los expertos aconsejan que Canarias saque a concesión todo su transporte ahora mismo debido a la excepcionalmente buena situación económica por la que atraviesa la región, lo que incrementaría la competitividad del transporte en las islas".
La comisión parlamentaria rechazó la propuesta socialista de permitir la continuidad de las concesiones vigentes bajo las condiciones actuales sólo hasta 2012, por lo que, "en muchos casos, las concesiones ya otorgadas podrán continuar con todas sus ventajas fiscales y de financiación hasta 2027".
El PSC también criticó que la norma remite en 73 oportunidades a la elaboración de un reglamento para su aplicación, "lo que es excesivo y creará una inseguridad jurídica importante en muchos aspectos". Además, los socialistas fracasaron al intentar posponer la entrada en vigor de la ley para dentro de seis meses, "por lo que la norma comenzará a regir al mes siguiente de su publicación sin dar tiempo a la Administración para elaborar esos reglamentos y sin que los agentes del sector puedan familiarizarse con todos los cambios".
MODIFICACIONES
De las 135 enmiendas con que presentaron los socialistas hoy, el PSC sólo consiguió el respaldo para 13 correcciones mientras que en otros dos casos la comisión aprobó enmiendas transaccionales a propuesta de CC que partían de las observaciones formuladas por el grupo socialista. La mayoría de las modificaciones del PSC aprobadas se refieren a cuestiones técnicas.
CC lideró la negociación con el PSC y siempre contó con el respaldo del PP, que secundó en todos los casos su postura. Ningún otro grupo propuso correcciones. Con las enmiendas aprobadas hoy, el proyecto "mejora muchísimo", admitió Cruz, "aunque sigue sin ser el modelo que defiende el PSC y por eso nos negamos a respaldarlo".
El portavoz de CC, José Miguel Barragán insistió en el "parecido" entre la futura norma canaria y la estatal que regula el sector. Barragán aludió a la "mayor libertad empresarial" que consagra la ley del Estado para oponerse a las "restricciones" que pretendía imponer el PSC en materia de concesiones mientras que el portavoz socialista insistió en que "las condiciones del sector en las islas son muy distintas" a las de la península.
Entre los artículos "polémicos" de la ley que la comisión mantuvo sin cambios destaca el referido a la adjudicación del servicio. Los socialistas insisten en que, con su aprobación, "Canarias hipotecará las políticas del transporte" al permitir que las empresas concesionarias, una vez que hayan logrado la adjudicación de las líneas a explotar, puedan modificar el pliego de condiciones mediante un contrato con la Administración. "En la península eso ocurre todo el tiempo y su efecto es positivo porque mejora las condiciones inicialmente exigidas por el Gobierno", contradijo Barragán.
Uno de los cambios que causó más controversia en el debate de hoy fue el que llevó a restringir a los hoteles de cinco estrellas del archipiélago la realización del transporte privado complementario turístico para el desplazamiento de sus clientes "cuando el transporte público de la isla resulte insuficiente o inadecuado" y previa obtención de la autorización para realizar esa actividad por parte del cabildo.
Los socialistas pretendían abrir esta actividad para empresarios particulares fuera del ámbito hotelero y querían asegurarse de que los vehículos tuvieran que ser "nuevos", pero CC se opuso a ambos aspectos.
Otra enmienda socialista que recibió el respaldo de CC y PP es la referida a la atribución a los cabildos, mediante la firma de un convenio, de las competencias en materia de transporte terrestre que corresponden a la comunidad autónoma. "No tiene sentido que los cabildos no las tengan atribuidas de forma automática" alegó Cruz.
En cambio, CC y PP inicialmente se oponían "porque las siete corporaciones insulares están en desiguales condiciones y algunas preferirán no asumir esas competencias". Al final, los nacionalistas accedieron a enmendar el artículo como proponía el PSC "dado que los cabildos deben formalizar las competencias de la comunidad autónoma a través de un convenio, lo que es un acto voluntario". .
