CANARIAS.-La ponencia del caso Amorós acuerda remitir la documentación al Tribunal de Cuentas al advertir indicios de responsabilida

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Mar. (EP/IP) -

La ponencia de la comisión de investigación del caso Amorós consensuó hoy viernes varias conclusiones a incluir en el dictamen final. CC, el PP y el PSC acordaron remitir al Tribunal de Cuentas del Estado el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de la dirección general del Tesoro de 2002 y toda la documentación manejada por la comisión de investigación al advertir la existencia de indicios de responsabilidad contable. Todos confluyeron en la exigencia de responsabilidades al ex director general del Tesoro de CC en 2002, Alberto Amorós.

La ponencia comenzó a elaborar las conclusiones de la comisión de investigación tomando como documento base las propuestas presentadas por el PP e incorporando algunos contenidos del PSC. Se rechazaron el proyecto de conclusiones del PSC por excesivo y el de CC por arremeter sólo contra el informe de fiscalización, responsabilidad del consejero nombrado por el PP, Juan Marrero.

Según informaron los ponentes del PP y del PSC, Jorge Rodríguez y José Alcaraz, respectivamente, el primer borrador de dictamen contiene ya tres importantes conclusiones, que han sido aceptadas por los tres grupos. Primero que queda "acreditado", según el PP, que con el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y las entidades financieras, suscrito en 1996, se obtuvieron unos ingresos que "no entraron a engrosar" el presupuesto autonómico. José Alcaraz añadió que se trata del reconocimiento de que "hubo un perjuicio" para las arcas del Gobierno regional. No se admitió el concepto de Caja B, definido por el PSC.

Como consecuencia de esta afirmación se deriva la segunda conclusión en la que se insta a la Audiencia de Cuentas a remitir, de nuevo, el informe de fiscalización y el resto de la documentación de la comisión al Tribunal de Cuentas del Estado, agregó el PP.

Alcaraz especificó que esta decisión se toma en base al artículo 17.1 de la Audiencia, que dice que "si en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable, trasladará sin dilación el asunto al Tribunal de Cuentas, a los efectos de su posible enjuiciamiento". El tercer acuerdo adoptado fue que Alberto Amorós es el responsable político de esas "anormalidades", según Rodríguez y Alcaraz. Tampoco se aceptó extender las exigencias al ex consejero regional de Economía y Hacienda de CC, José Carlos Francisco.

Las discrepancias que intentarán salvar, en la reunión del próximo miércoles, se centran están básicamente en la petición del PSC de remitir todo el trabajo de la comisión de Investigación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). José Alcaraz sigue manteniendo esta propuesta porque, "si hemos observado indicios de responsabilidad contable, no entendemos la negativa a enviarlo" al TSJC.

El ponente del PSC recordó que el caso Amorós tiene diligencias abiertas en la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia de Los Verdes de Canarias. Jorge Rodríguez ya adelantó que "no doy mi voto favorable a apoyar a un grupo extraparlamentario en una instrucción judicial que está por ver".

Los socialistas tampoco aceptan, como concluye el PP, que se diga que, por las manifestaciones realizadas por Juan Marrero, no hay hechos delictivos. En opinión de Alcaraz, la comisión "debe concluir no definiéndose sobre la posible existencia de delito pero no definiéndose que no existe tampoco".

El ponente del PP cree que se puede llegar a un consenso global. Sin embargo, el PSC contempla la posibilidad de emitir un voto particular que recoja aquellas conclusiones desechadas en el dictamen.

La ponencia intentará cerrar el borrador de dictamen el próximo miércoles. Posteriormente pasará a la consideración de la comisión de investigación y finalmente será votado en una sesión plenaria.