CC no ve delictivas del consejero de la Audiencia de Cuentas, del PP, y los 'populares' renuncian a la comparecencia de Adan Martin
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EP/IP) -
Las conclusiones de CC, el PSC y el PP sobre la comisión de investigación del caso Amorós apenas tienen puntos en común, lo que complicará mañana viernes la elaboración de un dictamen con contenidos comunes.
El PSC eleva sus exigencias hasta solicitar la remisión de las conclusiones a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC) y al Tribunal de Cuentas del Estado además de reprobar al ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, y al antiguo consejero regional de Economía, José Carlos Francisco. Coalición Canaria arremete contra la fiscalización responsabilidad del consejero de la Audiencia de Cuentas nombrado por el PP, Juan Marrero, pero niega la existencia de conductas delictivas. El PP, solicitante de la comisión de investigación, se queda en señalar la irregular actuación de Alberto Amorós.
El portavoz de CC y ponente de las conclusiones de la comisión de investigación, José Miguel González, advertía hoy jueves que veía "difícil" poder llegar a un dictamen conjunto porque las conclusiones del PSC estaban "totalmente fuera de la realidad".
La propuesta de conclusiones del PSC sostiene que "se deduce" una "clara" responsabilidad política del Alberto Amorós y de José Carlos Francisco. Esta exigencia, "al no ocupar" cargos públicos en la actualidad, "debe hacerse en forma de reprobación a su conducta y a su gestión política".
El PSC pide la remisión del caso al Tribunal de Cuentas del Estado, como ya hiciera en su momento la Audiencia de Cuentas, para que determine la "posible existencia de responsabilidad contable dado que desde la Fiscalía se instruyen por una denuncia, diligencias sobre el asunto".
Pero además propugna el envío a la Fiscalía del TJSC porque la gestión de la Consejería, "en los 10 años anteriores a 2002", presentó "importantes anomalías". Las "graves" infracciones apreciadas provocaron un "perjuicio" para la administración autonómica de 1,2 millones de euros. En opinión de este grupo, el Tesoro abusó de la adjudicación de contratos menores con consultoras privadas además de que se suscribieran otros sin utilidad práctica.
Para los socialistas "ha quedado acreditado" que el Tesoro ideó, "de forma maliciosa", un sistema para "sustraer fraudulentamente", del control presupuestario, "dinero público". Se constata la existencia de un procedimiento "paralelo al administrativo establecido legalmente, o en términos más claros, una Caja B".
La "inactividad" de la Intervención General y la Inspección General de Servicios del Gobierno "imposibilitó un correcto" funcionamiento de los mecanismos de control pero además el Ejecutivo canario no dio el apoyo necesario a la Audiencia de Cuentas para la realización de la fiscalización.
CC: NO DEDUCE CONDUCTA DELICTIVA
Las conclusiones de CC afirman que "no se deduce la existencia de conducta delictiva alguna", aunque coincide con Juan Marrero en que "no dejan de apreciarse disfunciones importantes respecto de lo que debe ser el correcto funcionamiento administrativo. Especifican que, "aún a riesgo que alguna de las irregularidades observadas hayan sido corregidas, se encarece" al Gobierno a garantizar un "recto" funcionamiento del Tesoro.
El convenio formalizado en 1996 con diversas entidades financieras (BCH y BBVA), que para el PSC fue fraudulento, para CC "no se incurre en ilegalidad" pero "sí se introduce un procedimiento confuso que puede derivar en irregularidades indeseables y, por ello, celebra que no fuera renovado a partir de 1998" Recomienda también que no se establezcan en el futuro.
El resto de las conclusiones de CC critican "numerosas opiniones" en el informe de Juan Marrero que "no se basan en datos objetivos" y que, por lo tanto, "deberían haberse retirado del texto definitivo". Se trata de "puros comentarios que carecen de evidencia suficiente, pertinente y válida", según González.
PP RENUNCIA A COMPARECENCIA DE MARTIN
El giró de 180 grados que el PP dio en la comisión, al renunciar a llamar a comparecer al presidente regional, Adán Martín, se mantiene en su proyecto de conclusiones. Los solicitantes de la realización de la investigación parlamentaria coinciden con CC en que no observan hechos delictivos aunque "sí un importante número de irregularidades administrativas a corregir". Entre ellas la "no inclusión" en el presupuesto anual "de los pagos que se realizaron al margen del presupuesto" en base al convenio de 1996.
La actuación de Alberto Amorós "no se ajustó a las normas del derecho administrativo ni de la contabilidad pública" y su gestión fue "caprichosa e ineficaz ya que produjo un perjuicio a la Comunidad Autónoma de 1,2 millones de euros. En esta denuncia coincide con el PSC.
El resto de conclusiones son recomendaciones para la mejora de la gestión e insta a la Audiencia de Cuentas, dentro de sus responsabilidades establecidas por ley, que denuncie al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas los casos en los que advierta indicios de responsabilidad contable o hechos que puedan ser constitutivo de delito.
