SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EP/IP) -
La oposición socialista presentó hoy la primera iniciativa legislativa de un grupo en el Parlamento de la VII legislatura. Se denomina "alternativa cero" y con ella se pretende "reforzar las garantías" medio ambientales al exigir a los proyectos de infraestructuras y planes urbanísticos una justificación de la necesidad del mismo. Se trata de la primera de las cuatro proposiciones de ley que el PSC anunció que registrará próximamente en la Cámara regional.
El autor de la iniciativa, Santiago Pérez, informó que la proposición de ley de adaptación de la legislación canaria sobre evaluación ambiental de proyectos y planes, conocida como "alternativa cero"; es una iniciativa modesta pero de "importante calado" puesto que viene a completar la Ley regional 11/1990 de Evaluación del Impacto Ecológico de los Proyectos y Actividades y el decreto 35 de 1995.
Esta propuesta afecta a los proyectos de infraestructuras, planes urbanísticos y territoriales, principalmente, y obliga a presentar una justificación de la necesidad y la conveniencia de la iniciativa, que será sometida al estudio para la obtención de la declaración de impacto ambiental. La alternativa cero, según Pérez, consiste en examinar lo que puede ocurrir si ese proyecto urbanístico o de infraestructuras no se desarrolla.
Con esta iniciativa, según Pérez, también se cumple con la directriz 84 de las Directrices de Ordenación General, que establece la aplicación del principio de preferencia antes de acometer nuevas infraestructuras.
El objetivo de esta proposición de ley, tal y como recalcó el PSC, es doble ya que pretende "reforzar" las garantías de protección del medio ambiente y obligar al promotor de un proyecto a poner "sobre la mesa" una explicación justificativa de la necesidad del mismo. Una exigencia con la que se hace efectiva la participación ciudadana al contar, desde el inicio, con toda la información sobre el proyecto, según Pérez.
La estructura de la proposición de ley es muy sencilla ya que sólo consta de un artículo, en el que se incorpora la alternativa cero a la legislación canaria y una disposición adicional, en la que se manda al Gobierno a introducir la misma en el decreto anteriormente señalado.
