CANARIAS.-El PSC remite sus conclusiones sobre el caso eólico a la Fiscalía

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EP/IP) -

El PSC cumplió hoy miércoles su advertencia de remitir sus conclusiones sobre la comisión de investigación del caso eólico del Parlamento al Ministerio Fiscal ante la decisión del juez Miguel Angel Parramón de cerrar próximamente el sumario.

Los socialistas consideran que hay causa para investigar la participación en la trama del ex consejero regional de Industria del PP, Luis Soria, del ex presidente del Cabildo de Gran Canaria y actual vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria; del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de diversos ayuntamientos del PP en la VI legislatura de Lanzarote y Fuerteventura y del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz.

Las conclusiones del grupo parlamentario socialista se recogieron en un voto particular que fue rechazado por la Cámara, a finales del pasado mes de marzo a punto de dar por finalizada la VI legislatura, con los votos mayoritarios de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP).

Las conclusiones aprobadas por el Parlamento involucraban al PSC en la trama eólica a través del empresario José Francisco Henríquez y exigían responsabilidades al ex director general de Industria del PP, Celso Perdomo. El PSC calificó de bochornosas estas conclusiones al considerar que respondían a los intereses particulares de CC y el PP y que eran ajenas a la verdad.

Los socialistas, en su voto particular, consideraban que había más autoridades y cargos públicos ligados al PP, que intervinieron en la trama y que no fueron investigados.

El PSC hacía referencia al procedimiento "atípico y sin base legal" diseñado desde el Cabildo de Gran Canaria y aplicado por organismos autónomos dependientes, como el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y otros ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, gobernados por el PP en el momento de los hechos.

Para los socialistas se trataba de un procedimiento supuestamente irregular al realizarse sin apoyo de los informes preceptivos de las respectivas secretarias generales y las intervenciones generales de las corporaciones públicas reseñadas.

Esta estrategia consistía en comprometer la cesión de suelo público de las corporaciones implicadas a las empresas que resultaran vencedoras en el concurso eólico, "amañado" desde la dirección regional del PP de Celso Perdomo y "por determinados ambientes empresariales cercanos al PP".

Este suelo público de potencial eólico, que resultaba premiado en las bases del concurso convocado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias de Luis Soria, iba a ser decidida, tal y como sostenía el PSC, "por la misma autoridad", es decir, por el ex consejero regional en la materia, quien además resolvía el concurso.

En una misma decisión, según los socialistas, se adjudicaba el concurso y se disponía del suelo público perteneciente a las entidades locales, sin tener competencia para ello.

Tanto el Cabildo como los ayuntamientos y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria citados se inhibían de exigir a las empresas, que pretendían disponer de suelo para la ubicación de sus molinos mediante concurrencia libre, las contrapartidas óptimas para los intereses públicos, tal y como se recoge en el voto particular remitido al Ministerio Fiscal.

Para el PSC, era evidente que todo este procedimiento completaba la trama ideada para privilegiar a algunas empresas en el concurso de adjudicación de potencia eólica. En primer lugar porque se les daba a conocer las bases en las que se premiaba suelo público y, en segundo lugar, porque las entidades públicas, gestoras de suelo con potencial eólico, se inhibían a la hora de cumplir los procedimientos establecidos para que, la cesión del suelo público, se tradujera en las mejores contrapartidas para dichas entidades públicas.

En opinión de los socialistas, este tipo de comportamientos coincidían con los que han sido objeto de la investigación judicial de Parramón. Pero además entendían que tuvieron mucha relevancia las decisiones, adoptadas por cargos públicos, sobre la no participación, en el concurso, de la empresa pública Megaturbinas, participada por el Cabildo de Gran Canaria, el ente Puertos del Estado y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Con esta decisión, para los socialistas se dejaba el terreno libre para las aspiraciones de algunos empresarios, cercanos al PP y a los hermanos Soria. Se referían principalmente al responsable de Promotora de Recursos Eólicos José Ignacio Esquivel.