SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar. (EP/IP) -
Los ponentes de las conclusiones de la comisión de investigación del caso eólico retomarán su labor mañana miércoles rodeados por la sospecha del PSC de que nacionalistas y conservadores coincidan en el intento de acotar las responsabilidades políticas. La ponente del PSC, Gloria Gutiérrez, teme que CC y el PP trasladen las pretensiones de la comisión de Amorós para elaborar un dictamen final de mínimos.
La primera reunión de la ponencia, celebrada el pasado viernes, logró a instancias de CC y el PSC que las conclusiones del caso eólico comenzaran a articularse sobre la existencia una trama, que comenzó a fraguarse en 2004 con la elaboración de las bases del concurso de asignación de potencia desde la dirección regional de Industria del PP de Celso Perdomo, uno de los principales imputados del titular del juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas, Miguel Angel Parramón.
La segunda reunión, prevista inicialmente para el pasado lunes, no se llegó a celebrar a petición de CC y el PP. En la misma jornada, nacionalistas y populares se retractan y logran eliminar de las conclusiones del caso Amorós la propuesta para remitir toda la documentación al tribunal de Cuentas del Estado al advertir indicios de responsabilidad contable.
Un hecho que llevó al PSC a denunciar la existencia de un pacto para rebajar el contenido del dictamen del caso Amorós y su traslación a las conclusiones del caso eólico.
CC, el PP y el PSC ya disponen de sus propuestas de conclusiones y se prevé que mañana miércoles se produzca un intercambio entre Gloria Gutiérrez, la ponente de CC, Belén Allende, y del PP, Jorge Rodríguez.
Hasta este momento, las posiciones de CC y el PSC reconocen la existencia de una trama que justificaba la vía judicial y la investigación interna realizada por la consejera regional de Industria de CC, Marisa Tejedor, que fue duramente criticada por los socialistas.
Unos procesos decididos al amparo de la denuncia del ex director comercial de la empresa Siemenca, Alberto Santana, quien en marzo de 2005 habla de presuntas irregularidades, relacionadas con el tráfico de información privilegiada, en el concurso de los parques eólicos en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos.
La segunda correspondió al ex gerente de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, Francisco Cabrera, quien en noviembre de 2004 presunto tráfico de influencias con José Manuel Arnáiz como principal protagonista. Cabrera sostenía que el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas habría beneficiado a la empresa privada Promotora de Recursos Eólicos de José Ignacio Esquivel.
Jorge Rodríguez adelantaba que concentrarían sus esfuerzos en definir a los protagonistas de la supuesta información privilegiada del concurso elaborado desde la dirección general de Celso Perdomo. El PSC recordará que fue un "despropósito" del ex consejero regional de Industria del PP, Luis Soria, plantear un concurso cuando no existía una planificación energética ni unas directrices de ordenación ni un mapa eólico.
Pero además, los socialistas consideran que esta trama carece de justificación si no se recuerda la alta rentabilidad del negocio eólico, estimado en 132.000 euros por megawatio y año.
