Catalá: el Gobierno estudia si la propuesta "tiene naturaleza jurídica" en sí misma

Apela a la "fuerza del derecho" para "garantizar el interés general" con medidas "proporcionales" a los pasos que se vayan dando

Rafael Catalá en Vigo
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2015 13:14

VIGO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que el Gobierno estudia la propuesta para iniciar el proceso de ruptura con España, presentada por Junts pel Sí y la CUP, para saber si "tiene naturaleza jurídica" en sí misma y poder así impugnarla, ya que la impugnación sólo se puede realizar sobre una norma de valor jurídico.

El ministro ha tildado de "auténtica provocación" la presentación de esta propuesta de resolución en el Parlamento catalán, y ha advertido de que el Gobierno actuará "con toda la fuerza del derecho" para "garantizar el interés general" y el cumplimiento de la ley.

En declaraciones a los medios tras participar en una reunión con representantes de la judicatura en Vigo, el ministro ha subrayado que ese planteamiento no solo es "contrario a las normas de convivencia", sino también al "sentimiento mayoritario de los catalanes", expresado en las pasadas elecciones del 27 de septiembre, en las que pusieron de manifiesto "que no estaban por la independencia".

Por otra parte, ha incidido en que "no tiene ningún sentido" la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de apoyo a la 'república catalana' porque "no es ese el sentimiento general". "Sus manifestaciones, además de contrarias a nuestra Constitución, son profundamente antidemocráticas porque no están respetando al conjunto de los ciudadanos", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "nadie está por encima de la ley, y menos los responsables públicos".

Según Rafael Catalá, "no es del interés general de los catalanes ni de Cataluña promover la independencia" y "el Gobierno va a estar en la defensa de la Constitución, del ordenamiento jurídico y en la búsqueda de soluciones políticas". Así, ha recalcado que el Ejecutivo tendrá "la mano tendida" a quien "quiera dialogar", y actuará "con toda la fuerza del derecho" frente a los que quieran "incumplir las normas de convivencia" porque "la razón está del lado de los demócratas".

MEDIDAS "PROPORCIONALES"

Con respecto a las medidas que adoptará el Gobierno en caso de que salga adelante la propuesta de resolución de esos dos grupos parlamentarios, el ministro de Justicia ha señalado que serán aquellas que están "dentro del ordenamiento jurídico" español y "son muy diversas". "Tendrán que ser aquellas proporcionales y adecuadas a los pasos que se vayan produciendo", ha afirmado.

Sin embargo, ha advertido de que "no es razonable anticipar actuaciones" mientras no estén "identificadas" las medidas o declaraciones que se adopten por parte de los promotores de la independencia.

Las medidas, ha insistido, serán "las que establece la Constitución y las leyes". "Es lo que corresponde en una democracia madura", ha apuntado Catalá, y ha recordado que existen una serie de normas que establecen el modelo de convivencia y garantizan el cumplimiento de las leyes.

ESTUDIO DE LA PROPUESTA

El titular de Justicia ha indicado que el Gobierno está "estudiando" la propuesta presentada en el Parlament "para ver si, en sí misma, ya tiene naturaleza jurídica" ya que, la impugnación por la vía constitucional o de la justicia ordinaria debe hacerse sobre una norma de valor jurídico.

Caso diferente son las declaraciones políticas, que "pueden ser criticadas", según el ministro, quien ha puesto como ejemplo las palabras de Forcadell, por ser "una falta de respeto a la democracia y la convivencia". "Pero eso no tiene valor jurídico que sea atacable ante los tribunales", ha matizado.

"Cuando se produzca una resolución, que confiamos que no suceda, pero si sucediese, sería el momento de analizar esa naturaleza jurídica y promover las acciones que correspondan", ha concluido.

Finalmente, sobre la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, Catalá se ha limitado a señalar que la obligación de los gobiernos es "resolver los problemas, y no crearlos", y ha vuelto a ofrecer la "colaboración" del Ejecutivo central a la Generalitat para que Cataluña pueda "financiar sus pensiones, la sanidad, pagar las facturas, financiarse a unos tipos de interés razonables y que no genere una deuda insoportable".

"Trabajamos a diario por el bien común, por el interés de los catalanes, y vamos a seguir en esa dirección. Si alguien se empeña en caminar en la búsqueda del conflicto, el Gobierno va a estar garantizando el interés general (...) y promoviendo actuaciones que impidan que se incumpla la ley", ha sentenciado.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Precisamente al hilo de la cuestión catalana, y a preguntas de los medios, el ministro se ha referido a la reforma del Tribunal Constitucional, y ha advertido de que "una pieza tan fundamental" de las instituciones españolas "tenía que tener capacidad para hacer efectivas sus resoluciones". "Empezábamos a comprobar, lamentablemente, que algunos creían que podían dejar de cumplirlas y no pasaba nada", ha añadido.

Según Catalá, esta reforma permite reforzar las medidas de ejecución y, en el futuro, si se plantea cualquier "recurso o impugnación" y el Tribunal conceda la suspensión de normas o actuaciones, dicho tribunal "tiene toda la fuerza para hacer efectivas sus resoluciones". "Antes no sucedía, y algunos intentaban ver por ahí una debilidad del Estado de Derecho", ha indicado.

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