LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, principal imputado en el 'Caso Eólico', negó hoy ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín Rodríguez, tener participación alguna en las amenazas dirigidas vía correo electrónico al fiscal anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca.
El juez ha imputado a Perdomo por un presunto delito de obstrucción a la Justicia, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado, en el que precisa que el ex empleado compareció ante el juez a partir de las nueve de la mañana.
La imputación de Perdomo ha acontecido después de la detención de su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, Mónica Quintana --imputada también en el denominado 'caso Eólico'--, que quedó el pasado día 1 de julio en libertad provisional sin fianza imputada por un presunto delito contra la Administración de Justicia al proferir supuestamente amenazas a través del correo electrónico contra el citado fiscal.
El portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha informado en un comunicado de que la detención de Quintana fue acordada por el Ministerio Público en el marco de las diligencias de investigación incoadas el pasado día 15 de mayo.
La Policía Nacional procedió a la detención de Mónica Quintana Pérez el pasado 30 de junio por su presunta participación en unos hechos que presentan, indiciariamente, caracteres de un delito de "obstrucción a la Justicia, como responsable de la remisión de un correo electrónico de contenido intimidatorio" dirigido contra el Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, Luis del Río Montesdeoca.
Tras las diligencias previas iniciadas por el juez, y tras la solicitud policial --siguiendo indicaciones de esta Fiscalía--, además de la detención de Quintana, se acordó la entrada y registro de su domicilio.
El 'Caso Eólico' salió a la luz pública hace dos años tras la denuncia del empresario Alberto Santana por supuestas irregularidades en un concurso de energía eólica convocado por el Ejecutivo regional.
