CADIZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, afirmó hoy que si el fiscal o las partes perjudicadas no instan al derribo de una construcción ilegal el tribunal "no lo debe acordar".
En declaraciones a los periodistas realizadas en Cádiz tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento gaditano, Hernando recordó que en el ordenamiento jurídico prevalece el sistema de justicia rogada, lo que quiere decir que los jueces actúan en virtud del principio de impulso procesal de las partes. Por ello, si ni el ministerio fiscal ni las partes que se consideran perjudicadas o denunciantes instan al derribo de las edificaciones ilegales, el tribunal "no lo debe acordar".
Asimismo, manifestó que "muchas veces el problema radica no tanto en el derribo como en el coste" y explicó que una construcción que se ha declarado ilegal "a posteriori", implicaría una responsabilidad de la Administración pública concedente de la autorización para edificar que habría que resarcir al propietario de esa edificación, "porque empezó a construir en virtud de un acuerdo municipal o regional".
El presidente del CGPJ se refirió así a las declaraciones recogidas hoy en El País del fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, en las que afirma que "hay que demoler las viviendas ilegales" a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal.
