El órgano de gobierno de los jueces suspende las inspecciones en juzgados mientras reorganiza este servicio
MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, emplazó a los presidentes de 16 tribunales superiores de justicia con los que se reunió hoy -todos menos el de Baleares- a "controlar la legalidad" de las juntas de jueces celebradas los pasados 21 de octubre y de noviembre y las que hay previstas para el mismo día del mes de enero, así como la amenaza de huelga convocada en algunos territorios para febrero, con el fin de evitar que este movimiento termine afectando al servicio público de la Administración de Justicia.
Según explicó la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, se ha pedido a los TSJ que informen "de la forma más urgente posible" si las juntas ya celebradas en sus territorios -en las que los jueces criticaron la actual carencia de medios de la Justicia- llegaron a afectar a la celebración de algún juicio o acto judicial en concreto. Si la respuesta en afirmativa, el Consejo podría actuar "por los cauces legalmente previstos". "De ninguna forma vamos a permitir que el ciudadano se vea perjudicado", afirmó la portavoz.
Bravo explicó que los presidentes de tribunales superiores coincidieron hoy durante su reunión en Madrid en expresar su "preocupación", por este movimiento de protesta de los jueces, si bien el CGPJ se muestra convencido de que podrá "reconducir la situación" porque la iniciativa no es unánime y faltan dos meses para la anunciada huelga -aprobada, de momento, en Murcia, Extremadura y Galicia-.
No obstante, Bravo eludió pronunciarse sobre la postura de los presidentes sobre este asunto concreto porque durante la reunión de hoy, que se extendió durante más de tres horas por la mañana y continuó por la tarde, no se realizó ninguna votación al respecto.
Simplemente, según la portavoz, se conminó a los magistrados a controlar que las juntas, además de no provocar suspensiones de juicios, se convocan por motivos legales y no incluyen en sus órdenes del día cuestiones ajenas a temas de servicio. Una de estas cuestiones, ya tratadas en algunas de las juntas, se refiere a la falta de independencia de los vocales del Consejo nombrados por el Parlamento.
RESPONSABILIDAD DE LOS DECANOS.
Preguntada por los periodistas, Bravo reconoció que el "control de legalidad" de las juntas sólo puede realizarse a posteriori y que es el juez decano de cada provincia el que tiene que controlar el contenido, la fecha y la hora de cada junta, ya que es el que la convoca.
Por otra parte, Dívar ha informado a los asistentes a la reunión del nuevo modelo de Inspección que adoptará el CGPJ, más dirigido a ser un "punto de contacto e información" de los órganos judiciales con el CGPJ que a la búsqueda de sanciones disciplinarias, según explicó Bravo.
La reorganización de este servicio ha obligado, de momento, a suprimir las 18 unidades de Inspección que funcionaban hasta ahora y a suspender las visitas a los juzgados. Se ha pedido a los TSJ que ejerzan sus potestades inspectoras mientras el CGPJ organiza este servicio en función de especialidades de cada juzgado, presión demográfica en cada territorio etc.
Finalmente, la portavoz explicó que la reunión de hoy también a servido para explicar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia sus planes de actuación y modernización, su petición al Gobierno para que suprima los ascensos forzosos y su compromiso de tener elaborado antes del próximo mes de julio un estudio sobre las cargas de trabajo en cada uno de los órganos jurisdiccionales españoles.
