El CGPJ ratifica la suspensión del juez investigado por retrasar el trámite de adopción de una niña por una lesbiana

Actualizado: miércoles, 27 febrero 2008 18:28

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del CGPJ ratificó hoy con 13 votos a favor y 5 en contra el acuerdo adoptado el pasado martes en Comisión Permanente que suspendió cautelarmente en sus funciones al juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, después de que el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad haya admitido trámite la querella que presentó una mujer contra él por retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.

En el fondo del debate de este asunto se encontraba el interés de ciertos sectores del CGPJ por evitar que, de aprobarse definitivamente la suspensión de Ferrín Calamita, se pudiera generalizar la idea de que interponer querellas contra jueces puede servir como "vía rápida" para apartarles de un asunto cuando así interese a una de las partes.

No obstante, en este caso ha primado el interés por apartar a Ferrín Calamita de su función jurisdiccional mientras se resuelve la causa penal abierta contra él. Esta decisión no afectará de forma particular al servicio, puesto que el juez se encuentra de baja desde el pasado verano por razones psicológicas.

El acuerdo supone que, pese a su suspensión, Ferrín Calamita tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas a partir del día siguiente a su cese en el órgano jurisdiccional donde ocupa destino.

JUECES CON PROBLEMAS PSÍQUICOS.

Por otra parte, el Pleno del CGPJ rechazó otro punto del orden del día relativo a la constatación de que determinados magistrados siguen ejerciendo su labor pese a sufrir enfermedades psíquicas, por entender que el planteamiento del asunto tal y como venía redactado no era el más correcto, según señalaron fuentes del Consejo.

Esta cuestión llegó al Pleno del órgano de gobierno de los jueces procedente de la Comisión Disciplinaria, "en la que se ha tenido la ocasión de constatar la enfermedad psíquica de determinados magistrados que siguen realizando sus funciones de manera irregular, ante la imposibilidad de hacerlo acertadamente".

El órgano disciplinario del CGPJ dice conocer esta situación "como consecuencia de las situaciones planteadas en algunos casos analizados por la propia Comisión", si bien no detalla el número de estos casos ni alude a ningún magistrado en particular.

Esta situación, según el informe que la Comisión Disciplinaria eleva al Pleno, supone "el consiguiente perjuicio para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y para la efectiva tutela judicial de los ciudadanos".

Los miembros del Pleno consideraron que así realizado, el planteamiento del asunto no es correcto porque produciría una alarma social injustificada. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, aclaró al término de la reunión que "son muy pocos, a lo sumo uno nueve", los jueces que ejercen su actividad profesional afectados por problemas psíquicos.

Este problema se detectó, según López, a la hora de tramitar determinados expedientes por indisciplina contra magistrados que en un determinado momento se acogieron a una baja médica por cuestiones psíquicas, lo que impide actuar contra ellos desde el ámbito disciplinario.

UNIDADES DE EVALUACIÓN.

Agregó que el Consejo busca disponer de sus propias "unidades de evaluadoras" para detectar estos casos y ver que solución se puede dar a los afectados, y negó que exista una preocupación especial por parte del CGPJ ante el hecho de que pueda haber magistrados "que tengan unas condiciones de salud que impidan el normal ejercicio de su función".

Añadió que el CGPJ "es el órgano competente para controlar las situaciones de baja profesional e incapacidad" por lo que, "desde hace tiempo, se estudia un cambio legislativo que permita al Consejo tener sus propias unidades evaluadoras para determinar las incapacidades de jueces y magistrados y la posibilidad de que exista un tratamiento específico para aquellos magistrados que se vean obligados a dejar sus trabajos".