VALENCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, consideró hoy "absolutamente lógica" y "coherente" con la legislación la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de prohibir el acto previsto para hoy de la izquierda abertzale en Barakaldo (Vizcaya).
El vocal de la mayoría conservadora subrayó a Europa Press que el acto, que tendrá lugar en el Bilbao Exhibition Center (BEC) a las 17.30 horas, "está promovido por personas que responden a la lógica del partido ilegalizado Batasuna" y añadió que se pretende presentar "un partido que puede ser sucesor" del anterior.
Ante esta situación, resaltó que hay que aplicar el Código Penal para impedir que "se desobedezca a la autoridad judicial" y que, "de nuevo", se produzca "algún tipo de desobediencia" a la resolución que adoptó el Tribunal Supremo para ilegalizar Batasuna.
Respecto a los argumentos de Garzón para prohibir el acto, el portavoz del órgano de Gobierno de los jueces incidió en que hay una "evidencia clara" de sucesión de un partido por otro "que está ilegalizado", algo que en sí mismo "ya puede determinar un delito de desobediencia".
En este sentido, manifestó que cualquier persona que quiera realizar una actividad política en defensa de una ideología como la 'abertzale', tiene que dejar "muy claro y muy patente" que "no está bajo la órbita de los dictados de Batasuna y de ETA".
OTROS MOTIVOS.
Preguntado por si seguiría habiendo motivos para prohibir el acto en caso de que sus promotores renunciaran por escrito a usar las siglas de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), comentó que esto es algo que debe determinar el juez.
En cualquier caso, quiso dejar claro que "todo aquello que se haga bajo la órbita de la dirección de Batasuna y de ETA, y precisamente para seguir trasladando al público la idea de que Batasuna sigue existente en la opinión y en la actividad política, debe ser absolutamente prohibido porque sería un acto que supondría una desobediencia clara a una resolución dictada por el Tribunal Supremo y esto determina una contrariedad con el Código Penal".
En caso de que finalmente y a pesar de la prohibición, se celebre el acto, López señaló que la autoridad pública competente debería impedirlo, ya que se está "ante una orden judicial terminante y determinante".
