SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurso del Parlamento andaluz contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 1998 por la no inclusión de una partida para pagar la denominada 'deuda histórica' "también dice que el Gobierno de José María Aznar debía haber tenido más celo a la hora de negociar esa cantidad en la Comisión Mixta de Transferencias".
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Chaves indicó que, igual que el Ejecutivo de José María Aznar decidió no consignar fondos en concepto de la 'deuda histórica' recogida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, "también podía haberlos incluido y no hubiera sido inconstitucional", ya que recordó que existe el "precedente" del pago de 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) aprobado por el último Gobierno de Felipe González.
Según el jefe del Ejecutivo andaluz, además de desestimar el recurso del Parlamento andaluz, la sentencia del TC "reconoce la legitimidad de la Disposición Adicional Segunda, que esa cantidad se tiene que negociar entre el Gobierno y la Junta y también dice que el Gobierno de Aznar debía haber tenido más celo y más rigor a la hora de negociar esa cantidad en la Comisión Mixta, que no lo hizo".
En este sentido, Chaves insistió en que "lo que dice la sentencia es que no hay obligación por parte del Estado de incluir cantidades por la Disposición Adicional Segunda en los PGE sin que previamente se hubiera acordado entre Junta y Gobierno, y como no ha habido acuerdo salvo el que hubo con el Gobierno de Felipe González que pagó 20.000 millones de pesetas, el Estado no tenía la obligación de consignarlos en los PGE".
Por último, el presidente de la Junta puso de manifiesto que en el futuro Estatuto de Autonomía "se han incluido plazos" para la negociación y pago de la 'deuda histórica', ya que la nueva redacción establece que en 18 meses tendrá que haber un acuerdo entre Junta y Gobierno y que en tres años las cantidades acordadas deberán ser satisfechas.
