SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, defendió hoy que el "rigor" en el cumplimiento de la legalidad urbanística por parte de los jueces no afecte a compradores de viviendas "de buena fe" que realizaron la adquisición sin saber que se encontraba "en una situación de ilegalidad o que era nula de pleno derecho" como, en su opinión, ha ocurrido en municipios como Marbella (Málaga).
En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Chaves envió un "mensaje de tranquilidad y serenidad" a los propietarios individuales "de buena fe" de viviendas ilegales en Marbella que han planteado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y aprovechó para dejar claro que "contra ellos no vamos".
"Los propietarios individuales de las casas no tienen que tener una mayor preocupación, porque quien tiene que pagar las compensaciones con terrenos o de la forma que establece el PGOU son los promotores, las inmobiliarias y los constructores", insistió el jefe del Ejecutivo andaluz, que subrayó que "a esos es a los que nos tenemos que dirigir todos, porque ellos son conscientes de la situación en la que comenzaba la obra".
Preguntado por las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, en las que aseguró que los órganos judiciales "entrarán con la pica" en todos aquellos lugares donde se produzca un "urbanismo salvaje", Chaves las interpretó como "una llamada rigurosa al cumplimiento de la Ley Urbanística a todos, a los promotores, a los ayuntamientos y a las administraciones".
En su opinión, "las administraciones estamos para cumplir las leyes y también para cumplir las sentencias, y si una sentencia dice que hay una urbanización que está en una plena ilegalidad y es nula de pleno derecho, las administraciones tienen que cumplir con las sentencias de los tribunales de justicia".
En cualquier caso, el presidente de la Junta dejó claro que tanto los jueces como él siempre tienen "en cuenta" a los "ciudadanos que han comprado una vivienda de buena fe, como ha ocurrido en Marbella, y que no sabían que estaba en una situación de ilegalidad o que era nula de pleno derecho al inicio de la construcción".