MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, se congratuló hoy de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya ordenado al juez Baltasar Garzón que siga investigando el supuesto 'chivatazo' que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, y que de esta manera haya "enderezado" la "actuación sin duda política" que, según los 'populares', mantenía el magistrado ante este caso.
En declaraciones en el Congreso, Trillo saludó que el "tribunal colegiado" haya censurado la actuación "inexplicable" de Garzón y haya "puesto coto al intento" del propio juez y de la Fiscalía de "tapar" y "dar carpetazo" a este asunto.
Trillo destacó que la Sala de lo Penal ha venido a dar la razón al PP, que actúa como acusación popular en este caso, al determinar que el supuesto soplo que habría tenido lugar durante la última tregua de la banda es "un grave delito que merece ser investigado a fondo, la reprobación de la ley y que se castigue a los culpables".
"La Audiencia Nacional le ha dicho a Garzón y al fiscal que hay que seguir investigando unos hechos que son muy graves y que hay que averiguar la verdad al respecto", resumió el dirigente del primer partido de la oposición.
LAS DERIVADAS POLÍTICAS SE VERÁN MÁS ADELANTE
El PP tiene previsto formular el miércoles otras dos preguntas sobre esta cuestión al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, incidiendo así en un asunto sobre el que lleva varias semanas interrogando al Ejecutivo.
Tras recalcar que el PP va a respetar los trámites judiciales, como ha hecho hasta ahora, Trillo insistió en que "lo más importante" es que se pueda seguir avanzando judicialmente en la investigación del supuesto 'chivatazo' porque un posible delito "no puede permanecer impune". "Las derivadas políticas ya vendrán más adelante", apuntó.
Preguntado sobre si cree que existe una campaña contra Garzón, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso se limitó a señalar que en un Estado de Derecho nadie puede "usar la ley a su antojo" y que "el respeto al principio de igualdad" rige para todos, "incluido Garzón".
