MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU en el Senado aprovechará el primer Pleno del año para plantearle al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, un asunto que ha suscitado gran interés en las últimas semanas: la publicación o no de las balanzas fiscales, elaboradas y publicadas por el Gobierno por última vez en 2008.
La coalición catalana ha presentado una interpelación en la que rechaza que el Gobierno se haya negado a dar a conocer este instrumento "e incluso dificulte que las Comunidades Autónomas que lo deseen tengan a su disposición los datos de base", asegura el senador Ferran Bel, autor de la iniciativa.
A su juicio, las balanzas fiscales son una importante herramienta de información "como lo es la balanza de pagos", más allá del uso que se haga después de los datos, dice Bel. El senador critica que a pesar de que hay un mandato del Congreso para elaborarlas anualmente, el Gobierno no ha vuelto a hacerlo desde 2008, lo que supone "quebrantar el principio de transparencia" y "alimentar la opacidad".
"Según declaraciones del ministro Montoro, las balanzas fiscales a pesar de ser 'correctas', metodológicamente hablando, se puede hacer un 'uso indebido' de las mismas, lo cual ha hecho que algunos ciudadanos piensen que 'necesitan independizarse' y, por lo tanto, la solución del Gobierno es dejar de publicarlas", relata el senador en su interpelación.
Ferran Bel insta al Ejecutivo a dar a conocer los "flujos de la solidaridad interterritorial" y asegura que es incompresible que no lo haga, salvo que "pongan de manifiesto tratamientos territoriales injustos" que el Gobierno quiera ocultar.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha encargado a un grupo de expertos el diseño de una nueva metodología para calcular el origen y flujo del dinero público entre el Estado y las Comunidades, para que sea una herramienta con más información que las tradicionales balanzas fiscales. Estas, sin embargo, también serán calculadas como parte de esas nuevas cuentas públicas regionalizadas. El informe de estos expertos se dará a conocer el 7 de marzo.