CiU, PNV y ERC avisan de que la reforma constitucional debe ir más allá de los cuatro puntos expuestos por el Gobierno

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

CiU, PNV y ERC avisaron hoy al Gobierno de que la reforma constitucional que el Gobierno plantea retomar en esta legislatura debe ir más allá de los cuatro puntos expuestos esta tarde por la vicepresidente segundo del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso.

De la Vega dio cuenta de que la citada reforma de la Carta Magna pretende hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea.

MÁS PUNTOS Y SIN MIEDO.

A este respecto, el portavoz de CiU en dicha comisión, Jordi Xuclà, mostró la disposición de su grupo de hablar sobre esas cuatro puntos a reformar previstos en el programa electoral del PSOE, si bien cree que debe ampliarse el campo "a otros muchos más" asuntos y que ha de hacerse "sin miedo, pero con lealtad institucional".

En esta misma línea se manifestó el representante del PNV, Aitor Esteban, quien se preguntó si el compromiso del Gobierno de reformar la Constitucional va a ser "un brindis al sol", como en la anterior legislatura. Y, a renglón seguido, remarcó la necesidad de "ir más allá" de los cuatro puntos expuestos.

También el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, afeó al Gobierno que el alcance de la reforma constitucional expuesta por la ministra de la Presidencia sea el mismo que la pasada legislatura, y le sugirió que si el Ejecutivo central abre el melón constitucional lo haga para desarrollar también "otros aspectos de la Constitución anquilosados".

Ante las demandas de las formaciones de ámbito territorial, De la Vega indicó que, aun cuando los puntos planteados por el Gobierno puedan parecer "insuficientes" para algunos, la apuesta del Ejecutivo es una reforma limitada de la Constitución para asegurar el consenso que se necesita.

A su juicio, "se puede debatir de todo", pero al final "la reforma constitucional se tiene que llevar a cabo por consenso" y ello implica "dialogar y pactar". "Por tanto, hay que buscar elementos mínimos donde exista ese amplio consenso --aseveró--. El Gobierno propuso cuatro puntos porque podía haber acuerdos sobre ellos".

Por su parte, el representante socialista en la Comisión Constiticional, Jesús Quijano, subrayó la conveniencia de que las reformas constitucionales planteadas por el Gobierno tengan al menos "el mismo grado de consenso" que tuvo la Carta Magna en 1978.

En este punto, priorizó que ese acuerdo venga al menos de la mano de las dos fuerzas mayoritarias, PSOE y PP, si bien valoró positivamente que otras fuerzas políticas puedan sumarse al mismo. "Consenso es cosa de al menos dos, pero si luego hay más mejor", indicó el diputado socialista, quien opinó que un modelo constitucional como el español, que ha garantizado 30 años de convivencia democrática, "no debe ser objeto de una revisión global".

COMPETENCIAS Y LEALTAD CONSTITUCIONAL

Respecto al anuncio de la portavoz del Gobierno de que todos los proyectos normativos irán acompañados de un Informe de Impacto Autonómico, el ponente de CiU subrayó la necesidad de que el Gobierno actúe con "lealtad constitucional", la cual, a su juicio, se demuestra también con el desarrollo de los estatutos autonómicos, y en su caso el catalán.

Por su parte, el representante del PNV aplaudió que el Ejecutivo pretenda "reducir los litigios" entre comunidades autonómas, pero cuestionó esos informes de impacto autonómico porque, a su juicio, si el Gobierno se limita a cumplir sus competencias, no resultarán necesarios. Además, valoró como "voluntarista, pero no real" la pretensión del Gobierno de dar por cerrado el tiempo de las reivindicaciones autonómicas.

De su lado, Ridao, en representación de ERC, no entró a valorar en profundidad este anuncio del Gobierno, aunque, eso sí, le urgió a "dar celeridad" a algunos traspasos pendientes puesto que dijo tener la sensación de que hay "ciertos retrasos y morosidad" a la hora de desplegarlos.

El ponente del Grupo Socialista en la citada comisión, Jesús Quijano, por su parte, ensalzó la utilidad de esta propuesta anunciada por el Gobierno, recordó que ésta cuenta ya con antecedentes en cuestiones ambientales o presupuestarias y estimó que la misma supone "una apuesta por la calidad legislativa".

Eso sí, el diputado socialista solicitó que la aplicación de este criterio debe tener reciprocidad por parte de las comunidades autónomas para evitar así que la normativa autonómica "invada ámbitos propios del Estado".