CJPG resuelve el día 15 la queja del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) contra juez instructor de 'Costurero'

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá en la Comisión Disciplinaria que se celebrará en próximo día 15 la queja elevada por el Ayuntamiento de Zurgena (Almería) contra el juez instructor de la 'Operación Costurero', David Villagrá, quien ordenó en julio la incoación de procedimiento abreviado contra 25 personas, entre ellas el alcalde, Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), a quienes imputa la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces confirmaron a Europa Press que el asunto figura en el orden del día de la reunión después de que se iniciase una investigación a raíz del expediente en el que el Consistorio zurgenero cuestiona la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal Overa al tiempo que la compara con la juez que inicio las diligencias que derivaron en la detención de ambos en abril de 2008 por agentes de la Guardia Civil.

La queja atribuye a Villagrá la presunta comisión de un falta grave o muy grave en la adopción de decisiones "deliberadas" que, según apunta, han "impedido en normal desenvolvimiento" del Ayuntamiento al no "restituir" la documentación, los ordenadores, discos duros y libros de registro que fueron intervenidos en dependencias municipales en el marco de la operación 'Costurero' pese a que --ahondan-- existe un oficio de 2 de julio de 2008 en el que su antecesora "solicita a la Policía Judicial su devolución a la mayor brevedad posible".

El Consistorio zurgenero acusa, así mismo, al juez instructor de haber "inducido" a varios de las 25 personas imputadas en esta trama de corrupción urbanística a que modificasen sus primeras declaraciones en sede judicial para señalar al Cándido Trabalón como máximo "responsable".

En el auto dictado el 19 de junio por el juez David Villagrá se atribuye al regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas "ilegales" mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación sin cumplir requisitos exigidos por la ley. Al parecer, "daba trato de favor" a constructoras y consta la existencia de "cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros" en cuentas bancarias donde figura como titular.

Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable "a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico" y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.

El ex edil de Urbanismo, según se desprende la instrucción incoada en 2008, habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero "inexistentes" mientras que Trabalón certificaba antigüedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía.

A Tijeras se le imputa junto a dos arquitectos municipales que también fueron detenidos por la Guardia Civil y un técnico del Ayuntamiento un delito de negociaciones prohibidas en funcionarios públicos. En el primer caso, se le achaca el realizar actividades directamente dirigidas a favorecer la obtención de permisos para obras sobre suelo no urbanizable por parte del constructor citado anteriormente, también detenido en abril de 2008 y, por tanto, imputado por delito contra la ordenación del territorio y cohecho.

La actuación al frente de la corporación local zurgenera de Cándido Trabalón y el que también fuera primer teniente de alcalde ha arrastrado también a ocho ediles del PA y del PSOE. El juez considera que todos, a excepción del único concejal con acta del PP, incurrieron en un delito de prevaricación urbanística al emitir voto favorable en pleno a "multitud de licencias en suelo no urbanizable".

FUNCIONARIOS y PROMOTORES

En las diligencias previas por cientos de viviendas irregulares en La Alfoquía, Los Llanos del Peral o Los Menchones figuran imputados hasta cuatro funcionarios del Ayuntamiento que habrían dado cobertura cómplice "a sabiendas de que se permitía la construcción en suelo no urbanizable".

El auto cita, asimismo, a la empresa 'New Medina Villas', a 'Dizu' --propiedad del empresario también arrestado Tomás Zurano-- 'Solnor', 'Welcome to Spanish Home', 'Procosona' y 'Colyar', un entramado de empresas que levantaron cientos de viviendas unifamiliares en el término municipal destinadas al emergente y pujante mercado británico.

Sus administradores, un total de ocho, habrían cometido presuntos delitos contra la ordenación del territorio si bien en los casos de Tomás Zurano, Antonio López y otro empresario añade los de cohecho, tráfico de influencias y desobediencia.