MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La última sesión de la Comisión de Investigación sobre la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid celebró hoy la votación de las propuestas de dictámenes de conclusiones de los tres grupos parlamentarios.
Tras cuatro jornadas de comparecencias que acogieron a once invitados y después de que los grupos presentaran sus propuestas de conclusiones, fue aprobado el dictamen del PP con sus 67 votos y en contra de los deseos de la oposición.
Así, el dictamen que se votará en pleno defiende que el Gobierno regional "no ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona" y establece que la "comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País'", por lo que deja el caso en manos de la Justicia y no encuentra responsabilidades políticas por la presunta trama de espionaje.
PP:
La "comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País' y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".
Todos los comparecientes dependientes de la cartera de Granados "han declarado bajo juramento" que no han ordenado, ni amparado ningún seguimiento, informe o espionaje y en esta línea, destacan que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento, origen de los trabajos de la comisión, "no son ni documentos de la Consejería ni tan siquiera corresponden en muchos casos con las agendas oficiales". Así, no encuentran responsabilidades políticas por los supuestos espionajes.
PSOE:
Considera que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es la máxima responsable y pide el cese del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Destaca que las conclusiones no pueden darse por definitivas ya que la comisión no ha acabado su plan de trabajo ni ha apurado sus plazos, ya que tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo.
"La comisión debe reanudar su trabajo de forma inmediata escuchando a los 18 comparecientes que faltan para completar a los 29 que han sido admitidos por la propia comisión y acudirán en amparo al Tribunal Constitucional al verse vulnerados sus derechos como diputados en la comisión.
IU:
Concluyen que sí ha habido espionaje, que los presuntos espiados, como el ex consejero Alfredo Prada o el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, no han podido comparecer y que todas las actuaciones del Ejecutivo regional "han ido en la dirección de impedir la profundización de las investigaciones" lo que "ha impedido la demostración efectiva de alguna de estas afirmaciones en el seno de la comisión".
Critican la "falta de interés" por parte del Gobierno regional para investigar los hechos, el "veto" a los espiados y el "manejo" que se ha hecho de la comisión. El Gobierno regional es responsable también por omisión de que no se sepa la verdad" por lo que consideran que Aguirre es responsable por "acción u omisión" y piden el cese de Granados
