MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a una pena de treinta días de multa, a razón de 12 euros diarios, por dejar abandonados a dos perros en una vivienda durante más de dos meses, según informó hoy a Europa Press el presidente de la Asociación El Refugio, Nacho Paunero.
Los canes --Guille, un Setter Irlandés macho, y Mafalda, una hembra de raza Pointer--, que ya han sido adoptados, fueron hallados en condiciones deplorables, rodeados de heces y orines.
El rescate, realizado el pasado 29 de octubre por la Policía Nacional y miembros de El Refugio, se logró gracias a la tenacidad del conserje y vecinos del bloque de viviendas, que recurrieron a la asociación hartos de soportar el hedor y los ladrillos procedentes de la vivienda abandonada.
Ante esta situación, El Refugio denunció a la dueña de los animales y se personó como acusación en la causa judicial. Al juicio, celebrado el pasado 6 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, asistieron testigos, no así la acusada, a pesar de haber sido citada en forma.
ALIMENTADOS POR LOS VECINOS
En su declaración, los testigos aseguraron que la denunciada "estuvo por lo menos dos meses sin ir por el domicilio" y se quejaron de los ladridos de los perros y de los malos olores. "Al principio los perros ladraban muchísimo, pasado un tiempo dejaron de hacerlo y, tras observarlos a través de la terraza y ver el estado en el que se encontraban, se optó por darles alimento con un palo de cuatro metros comprado en una ferretería", explicaron.
Cuando la policía y los miembros de El Refugio procedieron al rescate de los perros encontraron el piso destrozado y repleto de heces y orines.
Desde la Asociación El Refugio se aplaudió "la instrucción y la sentencia dictada por la jueza", que es "la primera condena por abandono que consigue la organización proteccionista y la primera que se hace pública". "Esta condena es un paso adelante en la protección animal", manifestó Paunero.
El Refugio, una organización sin ánimo de lucro, está inmersa en más de 70 procedimientos penales, civiles y administrativos en diferentes comunidades autónomas (Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura).
