Condenados en Valladolid a penas que suman 18 años y 111.000 euros los nueve acusados detenidos con un kilo de cocaína

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid condenó hoy a penas que suman 18 años de cárcel y multas de 111.000 euros a los nueve acusados --siete hombres y dos mujeres-- que fueron detenidos en 2005 con un kilo de cocaína sin que se llegara a celebrar el juicio, ya que las partes llegaron a un acuerdo.

Los acusados, para los que la Fiscalía pedía la pena global de 50 años de cárcel, aceptaron las penas tras dos horas de conversaciones con sus abogados en los pasillos del Palacio de la Audiencia.

En concreto se condenó por tráfico de drogas a Roberto M.B. (alias 'Lili), Jesús D.R.M. (alias 'Patuso') y Manuel B.M. a tres años de prisión y multa de 15.000 euros para cada uno de ellos con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día por cada 100 euros no satisfechos.

Por su parte, a Jesús D.R.R, Nieves C.R, David B.C, Daniel S.G, Gloria P.S.C. y Mario S.D.L.R. a 18 meses de prisión y multa de 11.000 euros para cada uno de ellos con la misma responsabilidad personal subsidiaria que los anteriores. Además, la Audiencia valorará la petición del fiscal de que estos condenados, excepto Gloria P.S.C, puedan computar la pena de prisión por una multa de 36 meses a razón de tres euros diarios (3.240 euros por 18 meses).

En todos los casos se estimó la atenuante analógica no cualificada de dilación indebida, mientras que para Jesús D.R.M. se tuvo en cuenta la agravante de reincidencia. La sentencia de conformidad, que es firme y por lo tanto no cabe recurso, también impone a los condenados las costas.

Las nueve personas fueron detenidas en enero de 2005 en Valladolid y Segovia por su pertenencia a una banda de traficantes de carácter "cuasi familiar" dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en el ámbito de Castilla y León y a la que se incautó entonces un total de 1 kilo de cocaína con una pureza del 54,38 por ciento.

Para cuatro de ellos, Roberto M.B (alias 'Lili'), Jesús del R.M ('Patuso'), Manuel B.M. y Nieves C.R, se exponían a penas de 6 años de cárcel y al pago de multas de 58.000 euros, mientras que para el resto, David B.C, Mario S.S. de la R, Jesús del R.R, Daniel S.G. y Gloria Patricia S.C, la acusación pública solicitó inicialmente condenas de 5 años y multas de 29.000 euros.

Los condenados, vecinos de Los Navalmorales (Toledo), Valladolid capital, Medina del Campo, Navalcarnero y Madrid, llegaron a permanecer tras su detención, en enero de 2005, en el centro penitenciario Madrid V de Soto del Real, a disposición entonces del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, si bien más tarde dicho tribunal se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo, que se hizo cargo finalmente del caso.

COORDINADA POR LA AUDIENCIA NACIONAL

La operación, coordinada por la Audiencia Nacional, se inició el día 12 de enero de 2005 simultáneamente con controles en las inmediaciones del hostal 'Los Arcos' de Ataquines (Valladolid) y la autopista de peaje de Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y se saldó inicialmente con la interceptación de varios vehículos y la detención de varios individuos, presuntos cabecillas de la banda, y luego por un efecto 'dominó' fue cayendo el resto de integrantes en Medina del Campo (Valladolid) y la capital vallisoletana fruto de distintos registros domiciliarios en ambas localidades y Carpio de Tajo (Toledo).

En el momento de la detención, la Policía se incautó de un kilogramo de cocaína, seis gramos de marihuana, cuatro vehículos de gran cilindrada, nueve teléfonos móviles y documentación, 29.700 euros, dos balanzas electrónicas de precisión, una prensa de 30 toneladas utilizada para compactar la droga, un cuchillo de grandes dimensiones, un arma corta simulada, un rifle de aire comprimido, 71 cartuchos de escopeta del calibre 12,6 cartuchos de arma corta del calibre 9 milímetros largo, un aerosol de autodefensa, un scanner, una insignia de la Guardia Civil y distintas agendas.

Las investigaciones se iniciaron tres meses antes tras detectarse la existencia de la referida banda dedicada al tráfico de estupefacientes, sobre todo de heroína y cocaína, que operaba a nivel regional.

Así, el fiscal, basado en las investigaciones policiales y los 'pinchazos' telefónicos efectuados en el curso de las mismas, sostuvo que Roberto M.B. ('Lili') y Jesús del R.M. ('Patuso') ejercían labores de 'cabecilla' y 'lugarteniente', respectivamente, de la banda desarticulada. Ambos ya cuentan en su haber con condenas por tráfico de drogas, el primero de ellos de nueve años de cárcel dictada el 28 de junio de 2005.

Inicialmente, la policía llegó a detener a un total de once personas, si bien dos de ellos, el entonces menor de 16 años R.M.R, hijo del 'Lili', y otro joven de 25, F.B.F, han quedado fuera de la presente causa.

JUICIO SUSPENDIDO EN 2007

El juicio tenía que haberse celebrado en 2007, si bien entonces la Audiencia de Valladolid se vio obligada a suspenderlo después de que las defensas de los imputados denunciaran públicamente la inexistencia de un auto judicial por parte del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, de quien partieron las investigaciones, que diera cobertura legal a las escuchas telefónicas que sobre parte de los supuestos implicados realizó la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional.

Ante ello, el tribunal vallisoletano decidió solicitar aclaración al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre si dictó un auto judicial autorizando las escuchas telefónicas.

Aunque las defensas habían pedido al tribunal que dictara una sentencia absolutoria, sin ni siquiera iniciar el juicio, por entender que se vulneró el secreto de las comunicaciones y ello derivó en una nulidad de actuaciones que invalida toda la prueba, la Sala no se pronunció sobre el fondo del asunto y, antes de hacerlo, optó primero por suspender la vista 'sine die' y luego solicitar al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional que aportara una serie de documentos aclaratorios de la situación.

Así, entre la documentación solicitada se incluyeron la petición de la policía para intervenir los teléfonos de los acusados, el auto judicial que lo autorizó, la solicitud de prórroga de esas escuchas por parte de la Udyco y el correspondiente auto de Grande-Marlaska que lo permitió. Sin embargo, no llegó a celebrarse el juicio al llegar a esta sentencia de conformidad.