Tras el acuerdo parcial sobre los primeros artículos, el Gobierno quiere más compromisos con IU-ICV y los nacionalistas
MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso retomará a finales de este mes la tramitación de la denominada Ley de Memoria Histórica con la convocatoria de la ponencia de la Comisión Constitucional encargada de discutir las enmiendas planteadas por los distintos grupos. El objetivo es que esta norma llegue al Pleno el próximo mes de septiembre, para posteriormente remitirla al Senado y que quede definitivamente aprobada antes de la disolución de las Cortes, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
El proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura entró en el Congreso hace casi un año, en julio de 2006, pero no comenzó a debatirse hasta el mes de diciembre.
Tras el debate de totalidad, en el que se rechazaron las enmiendas planteadas por PP, ERC e IU-ICV, se fueron sucediendo las prórrogas de los plazos para la presentación de las enmiendas parciales hasta marzo de este año.
ACUERDO SOBRE JUICIOS.
A esas alturas, ERC e IU-ICV mantenían su rechazo al texto, principalmente porque no recogía la anulación de los juicios políticos de la dictadura, pero finalmente los socialistas y el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares sellaron un acuerdo que permitió desbloquear el proyecto declarando "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las dictaron.
El pacto entre estas formaciones se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal, que será entregado por el Ministerio de Justicia y no por la Comisión de Notables que preveía el texto original del Gobierno.
Pese a este acuerdo, IU-ICV quiere introducir más cambios en el proyecto. En concreto, reclama mejoras en los artículos relativos a la exhumación de los cadáveres que aún quedan en las fosas comunes, el acceso a los archivos, la retirada de símbolos franquistas y el futuro del Valle de los Caídos.
DE LA VEGA IMPULSA LAS NEGOCIACIONES.
Además, los socialistas aspiran a ganarse también el apoyo de CiU. De hecho, la fórmula pactada para declarar injustas las condenas franquistas e "ilegítimos" sus tribunales está 'calcada' de una enmienda de los nacionalistas catalanes.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asumió en primera persona este nuevo impulso a la tramitación de la ley en sendas reuniones mantenidas en los últimos días con el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, y con los líderes de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera. A partir de ahora, la negociación sobre el articulado la llevará el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.
La intención del Gobierno y del Grupo Socialista es poder llegar a la reunión de la ponencia, que tendrá lugar la última semana se junio, con algunas enmiendas pactadas con estos dos grupos parlamentarios, así como con los nacionalistas vascos, que están centrados en su reclamación de documentos del Archivo de Salamanca. Con Esquerra Republicana la relación es más distante en este tema porque el Gobierno cree que sus propuestas exceden de lo asumible.
Asimismo, el PSOE dialogará con el resto de formaciones que se han mostrado proclives a la ley para que ir sumando apoyos también en el trámite de comisión de manera que la norma salga adelante con el mayor consenso posible el próximo mes de septiembre.
