Llamazares defiende que sus señorías también den a conocer su renta y su patrimonio y PSOE y PP recogen el guante para estudiarlo
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Congreso aprobó hoy por unanimidad una reforma su Reglamento que permitirá que, a partir de ahora, el debate y la votación en Pleno de los dictámenes relativos a las actividades extraparlamentarias de los diputados dejen de ser secretos.
Concretamente, se ha modificado al artículo 63 del Reglamento del Congreso, que es el que fija qué sesiones plenarias deben ser secretas. El punto dos de este precepto establece que serán a puerta cerrada los debates sobre propuestas, dictámenes, informes o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados, pero cuando se cambie el Reglamento se especificará que sólo serán secretos los asuntos procedentes de esa comisión "que no afecten a las incompatibilidades parlamentarias".
Una vez acometida la reforma, el dictamen de actividades que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto aprobar en las próximas semanas, se debatirá y votará ya en abierto cuando llegue al Pleno. Ese dictamen, que no recogerá datos de todos los diputados, sino sólo de aquellos que hayan pedido autorización para realizar alguna actividad en los últimos meses, se convertirá también en el primero que se publique en el Boletín Oficial del Congreso.
SE COLGARÁN EN LA WEB DEL CONGRESO
La reforma tendrá efectos retroactivos y, en aras de respetar el principio de igualdad, en los próximos meses se colgarán en la página web del Congreso las declaraciones de actividades de todas sus señorías que se guardan en el Registro de Intereses de la Cámara Baja.
Al ser elegidos diputados y al dejar sus escaños, todos los miembros del Congreso tienen que rellenar un formulario en el que se detallan los cargos públicos que ocupan, los ingresos que perciben con cargo al sector público, si realizan alguna actividad privada, es decir, al margen de sus tareas legislativas, y si cobran por ella.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General permite dar publicidad a las declaraciones de actividades, pero hasta ahora el acceso a las mismas estaba muy restringido. Hasta ahora para verlas había que presentar un escrito "razonado" y obtener autorización de la Mesa correspondiente y, aún así sólo se podían consultar en presencia de un funcionario y tomar notas, pero no fotocopiarlas.
TRANSPARENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, planteó una enmienda para que, además de hacer pública su declaración de actividades, los diputados también pongan a disposición de los ciudadanos su declaración de la renta y su patrimonio. "La corrupción está llevandonse como un vendaval la honestidad de la vida pública por eso hay que incrementar la transparencia y aislar a los deshonestos", clamó durante su intervención.
Llamazares defendió su iniciativa pero finalmente no la sometió a votación, como le reclamaron PSOE y PP, quienes advirtieron de que su aplicación supondría una reforma de hecho de la Ley Electoral. Durante su intervención, el diputado de IU se mostró convencido de que "más temprano que tarde" su propuesta se hará realidad y, con ese objetivo, la va a remitir a la Comisión del Estatuto del Diputado.
El presidente de esa comisión que ejerce en la misma como portavoz del PSOE, Francesc Vallés, aseguró que los socialistas comparten "el fondo" de la propuesta de IU y recordó que, de hecho, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el primero en publicar su patrimonio, hace apenas dos semanas. Por todo ello, se comprometió a trabajar "desde mañana mismo" para buscar consensos en esta materia.
También desde el PP, su representante en la Comisión del Estatuto del Diputado, Vicente Ferrer, tomó el guante de Llamazares y garantizó que su grupo tomará en consideración cualquier iniciativa que persiga incrementar la transparencia. Eso sí, quiso dejar claro que, aunque hasta ahora el debate y las votaciones de los dictámenes sobre sus actividades fueran secretos, "ningún diputado tenía nada que ocultar".
REFORMAR EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
Y es que el debate sobre la conveniencia de dar mayor transparencia a las actividades de la comisión y de los diputados surgió la pasada primavera, cuando se votó en el Congreso un dictamen que se había filtrado a la prensa y en el que se concedió la compatibilidad a destacados diputados (entre otros los ex ministros Angel Acebes y José Michavila y el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro). El informe se aprobó pero, en contra de lo habitual, un centenar de diputados se negó a apoyarlo expresando así su disconformidad con una interpretación permisiva de la legislación vigente.
Antes del verano, cuando selló el acuerdo que se ha aprobado hoy, la Comisión del Estatuto del Diputado también acordó estudiar la posibilidad de avanzar hacia una reforma del actual régimen de incompatibilidades parlamentarias que debería afectar también a las previstas para los senadores y que, en principio, los presidentes del Congreso y Senado, José Bono y Javier Rojo, se mostraron abiertos analizar.
El objetivo final es que, si se logran consensos, bien la comisión del Estatuto o, en su caso, un órgano de carácter mixto con miembros de la dos Cámaras, elaboren una serie de recomendaciones en torno al régimen de incompatibilidades para remitirlas a la subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso que, en este momento, analiza una posible reforma de la Ley Electoral.
TERCERA REFORMA PARCIAL
La reforma que se aprobó hoy es la tercera actualización del Reglamento de la Cámara que se acomete en menos de un mes, después de la que conllevó adaptar las comisiones del Congreso a la estructura del gabinete de Zapatero y la que está en estudio para diseñar un procedimiento de autorización parlamentaria de las misiones militares en el extranjero.
Eso sí, ninguna de estas tres reformas del Reglamento entra en las cuestiones de fondo que están pendientes desde hace décadas, como el control parlamentario al Gobierno o el procedimiento legislativo, y todo ello pese a que en la pasada legislatura se alcanzó un consenso unánime en el 90 por ciento del texto. El uso de las lenguas cooficiales acabó dinamitando aquel acuerdo, que aún no se ha recompuesto.
