MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que entre otras medidas prevé la continuidad del presidente y vicepresidente del alto tribunal hasta que termine su mandato como magistrados, lo que supone que María Emilia Casas (en la imagen) y Guillermo Jiménez sigan en sus cargos al menos hasta el próximo mes de diciembre, fue aprobada hoy por el Congreso por 180 votos a favor y 131 en contra, del PP, PNV, EA y Nafarroa Bai.
Tras este último trámite en el Congreso, el proyecto se remite al Senado, donde el PP y los nacionalistas vascos suman mayoría absoluta y pueden vetarlo o modificarlo.
El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, acusó al PSOE de "provocar el máximo deterioro de las instituciones", con la "peor" tramitación posible de una ley de la importancia de ésta, y anunció que será cambiada cuando su partido llegue al poder. En este sentido, no dudó en llamar a la reforma la "ley Casas", en su opinión, motivada porque "el gobierno no quiere elecciones y blinda a la presidenta".
Agregó que la enmienda, que establece como norma una práctica habitual de cortesía en el Tribunal Constitucional, "es una operación oportunista", que concuerda con las últimas actuaciones del Gobierno en el Tribunal Constitucional, "invitando" al magistrado Pablo Pérez Tremps a dimitir, tras ser apartado de la resolución del recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, y con "nuevas recusaciones".
Además, advirtió de que recurrirá al propio TC el artículo 16 que prevé que las comunidades autónomas elijan a magistrados en detrimento de los cuatro que la Constitución atribuye al Senado.
Tras recordar que la Fiscalía General del Estado calificó de "deficiente" el proyecto, el portavoz del PP dijo que la reforma tiene por objeto restringir el recurso de amparo, pero no acomete los cambios necesarios para que lo asuman jueces ordinarios, lo que supone un "retroceso de garantías fundamentales".
En opinión de Astarloa, la reforma de la ley orgánica tiene muchos aspectos criticables, pero hizo especial hincapié en que no introduzca el recurso previo de los estatutos de autonomía. "La experiencia muestra nítidamente lo desaconsejable de que entren en vigor Estatutos que son modificaciones totales de los mismos", porque ahora "el TC se va a ver obligado a pronunciarse después de un referéndum", insistió.
"REFORMA ABSOLUTAMENTE NECESARIA"
Por contra, el socialista Ramón Jáuregui recordó que la presidenta del TC, María Emilia Casas, ha calificado esta reforma como "absolutamente necesaria y extraordinariamente urgente", ya que su objetivo principal es agilizar el recurso de amparo para que sea "de verdad" algo excepcional, y al mismo tiempo evitar la "conflictividad" con el Tribunal Supremo.
En ese sentido, negó la visión "un tanto melodramática" del PP acerca de que la reforma rompe el consenso, pues recordó que el objetivo de la ley no altera el pacto constitucional sobre el tribunal. Es más, dijo que había voluntad de acuerdo hasta que el PP "puso unas condiciones que excluían al resto del arco parlamentario".
Por último, Jáuregui defendió que las comunidades puedan proponer candidatos al TC a través del Senado y reiteró que la prolongación del mandato del presidente era una práctica que venía aplicándose a lo largo de estos 27 años.
El presidente de IU-ICV, Gaspar Llamazares, explicó que votaba a favor de la reforma de la ley orgánica, "porque si bien en algunas materias se queda corta, aborda los problemas fundamentales que aquejan nuestro TC", entre los que citó el colapso que padece y que le impide desarrollar su función con garantías porque tiene 12.000 asuntos y tarda 6 ó 7 años en resolverlos.
No obstante, a este problema y el de la legitimización, se han sumado el de la desestabilización, como en su opinión, intenta el recurso previo que hace que se configure como una instancia superior a las cámaras elegidas por los ciudadanos.
También consideró una medida de desestabilización "la búsqueda de cambios internos, cuestionando su propia credibilidad", para lo que explicó, había pactado la enmienda de la permanencia de la presidenta, para reequilibrar internamente el TC, aunque echó en falta una medida para impedir las revocaciones de magistrados por razones como las utilizadas recientemente para apartar a Pablo Pérez Tremps.
En cambio, el portavoz de ERC, Joan Puig, sí votó a favor y destacó que la ley contribuirá a su juicio a aclarar los conflictos de competencias surgidos entre Supremo y Constitucional, a agilizar la resolución de los recursos de amparo y a incrementar el reequilibrio autonómico, al permitir que las comunidades autónomas cuyos estatutos lo prevean puedan proponer candidatos.
El portavoz de CiU, Jordi Jané, recordó que la presidenta del TC había trasladado su "inquietud" por la modificación de la ley que tramitamos, ante una situación de colapso por muchos asuntos pendientes de sentencia. En este sentido, considera que a ello puede ayudar el que no sólo sus dos Salas van a conocer los recursos, sino que lo podrán hacer las Secciones, para lo que reclamó "una cierta unidad doctrinal". No obstante, dijo confiar en que sea mejorada en el Senado.
NORMAS FORALES
Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, explicó que votaba en contra de la ley principalmente porque no aborda una de sus reivindicaciones históricas como que las normas forales sólo puedan ser revisables por el Constitucional. El PSOE prefiere dejar este asunto para otro momento y otra legislación.
Además, criticó que en su "breve" tramitación "se ha librado una batalla en el reforzamiento del TS y del TC. Hay un partido que considera al TS más afín con su ideología, y el PSOE considera susceptible de aproximación a la suya al TC".
Igualmente, la diputada de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasagabaster, criticó que la reforma no incluya ciertas reclamaciones como la planteada por el PNV, que, explicó, es una petición antigua de las Juntas Generales. Por este motivo, las dos formaciones vascas más Nafarroa Bai optaron por votar en contra.
