La Cámara ya rechazó la ilegalización hace cinco meses, en el primer debate tras las elecciones locales donde ANV logró 25 alcaldías
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso volverá a votar el próximo martes una proposición no de ley del PP en la que pide la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna.
El Grupo Popular presentó esta iniciativa en la primera semana de septiembre, pero no había podido incluirla en el orden del día del Pleno por carecer de cupo para ello. En su iniciativa, el PP considera que hay "decenas" de pruebas para ilegalizar ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), así como para proceder a la disolución de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna la primera.
Por ello, el portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja emplazó al Gobierno a que vote a favor de esta iniciativa puesto que supone una "excelente oportunidad" para "rectificar" y darse cuenta "del error" que supuso dejar que ANV se presentara a las elecciones.
SEGUNDO DEBATE DE ESTA INIATIVA.
Ésta será la segunda vez que el Congreso debata esta propuesta, después de que todos los grupos parlamentarios la rechazaran en la primera sesión plenaria tras las elecciones municipales y forales que se celebraron en País Vasco y Navarra. En 40 de sus municipios, ANV fue la formación más votada y en 25 de esas localidades logró la mayoría absoluta.
En la exposición de motivos de su texto, el PP repasa actuaciones de miembros de ANV antes y después de las elecciones de mayo que, a su juicio, están incluidas entre las previstas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos como motivos de ilegalización. "La acumulación de indicios y pruebas comienza ya a ser más que evidente", recalca.
El PP admite que la ilegalización "sería vacía e insuficiente si no va acompañada de la disolución de las corporaciones donde gobierna". En su opinión, se trata de una circunstancia que se encuentra expresamente prevista por el ordenamiento jurídico, que faculta la disolución de las corporaciones locales que lleven a cabo actuaciones de apoyo al terrorismo.
En concreto, señala que esa posibilidad se halla explícitamente contemplada en el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para aquellas corporaciones que hayan llevado a cabo una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
Por ello, insta al Gobierno a iniciar el procedimiento previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que permite proceder a la disolución de los Ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca, o cualquier otra iniciativa que conduzca a resultados análogos.
Igualmente, le emplaza a solicitar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, en los términos previstos por el artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos. "Hemos de recordar, en fin, que para lograr la derrota del terrorismo es imprescindible utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho", concluye la proposición del PP.
BATERÍA DE PREGUNTAS A BERMEJO.
En su ofensiva, el Grupo Popular también ha solicitado la comparencia urgente en el Congreso del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para que explique sus declaraciones respecto a que el Gobierno actuaría sobre ANV cuando "la jugada" lo aconsejara.
Precisamente los 'populares' al titular de la cartera de Justicia irán dirigidas buena parte de las preguntas de los 'populares'. Así, le interrogarán si cree que sigue sin haber "pruebas suficientes" para instar a la ilegalización de ANV y del PCTV, y si entiende que "permitir la presencia de ANV en las elecciones municipales y autonómicas fue un error", al tiempo que le pedirá que aclare "qué más elementos hacen falta" para que "la jugada" aconseje la ilegalización de ambas formaciones.
Además, el PP preguntará a Bermejo si mantiene la tesis, expresada en marzo de 2007, de que "el proceso de paz está en marcha" porque es "inevitable" y si cree que se han dado en algún momento "las condiciones" expresadas en la autorización del Congreso para comenzar un proceso de diálogo con ETA, "a la luz de las revelaciones contenidas en la memoria de la Fiscalía General del Estado".
