El Congreso vota el martes una iniciativa de UPyD para sancionar penalmente a los partidos que falseen sus cuentas

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso votará el próximo martes una iniciativa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para que se tipifique como delito con sanción penal la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, así como la omisión o falseamiento de las declaraciones de bienes de los cargos públicos electivos.

Es una de las medidas que la formación magenta ha incluido en la moción que se discutirá y votará la próxima semana en la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que dirigió el pasado 27 de febrero al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien reclamó más reformas contra la corrupción de las contenidas en el acuerdo alcanzado esa misma semana en el Congreso.

El partido de Rosa Díez, que hace unos meses ya pactó con el Gobierno exigir responsabilidad penal a los partidos políticos, pide también en su moción que se habilite un registro específico en el que las formaciones políticas presenten sus estados contables y su patrimonio, con datos debidamente actualizados.

Como se incluyó en la resolución aprobada por el Congreso en el reciente Debate sobre el estado de la Nación, UPyD reclama establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, "aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral".

Según detalla en el texto, en ese delito de financiación ilegal "incurrirían los propios partidos de forma directa en el caso de que se descubrieran bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto (situado tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas".

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

UPyD aboga además por incorporar a nuestra legislación penal "el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o injustificado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente".

En su debate con Ruiz-Gallardón, el ministro se mostró de acuerdo en examinar el patrimonio de los políticos a su llegada y a su salida de las instituciones para dejar claro si ha habido o no un enriquecimiento desproporcionado durante el mandato.

En otra propuesta, UPyD llama a reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, "sancionando a los gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, contemplando la posibilidad de un tipo específico de acción popular que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales".

INDULTOS CON CONTROL PARLAMENTARIO

Por último, el partido magenta incluye una serie de demandas sobre la concesión de indultos, exigiendo un mecanismo legal de control parlamentario y rendición de cuentas por parte del Gobierno, así como la obligación de motivar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto (tanto total como parcial).

Igualmente, pide habilitar la posibilidad legal de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativo la concesión del indulto, tanto en aquellos supuestos en que no se haya producido una adecuada observancia de los presupuestos reglados contenidos en la normativa que regula el ejercicio de gracia, como en aquellos otros supuestos en los que el correspondiente real decreto adolezca de la necesaria motivación o su concesión se hubiera producido por otros intereses espurios ajenos a las referidas cuestiones de justicia, equidad o utilidad pública, en cuyo caso el indulto será declarado nulo.